Durante el 2017, la CDH de Puebla emitió 13 recomendaciones de las que cuatro, 30.76 por ciento del total, estuvieron dirigidas para la FGE, por lo que sigue siendo a la que más le envían, ya que en 2016 tuvo el mismo número.
Esto de acuerdo con el reporte general publicado en la página de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), en el que se desglosa que del total de documentos, seis fueron para autoridades estatales y el resto para municipales, lo que representó 18.1 por ciento menos.
En ese tenor, de las 13 recomendaciones entregadas en los 12 meses de 2017, nueve están en estatus de trámite, dos parcialmente cumplidas y las otras dos ya cumplidas, aunque estas últimas cuatro corresponden a enero y febrero del año pasado.
En el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), las principales quejas fueron por presuntas violaciones a la seguridad jurídica y personal, siendo que de las cuatro que ha recibido una está parcialmente cumplida, una cumplida y dos en trámite.
En tanto, por no garantizar el derecho a la salud, hubo una contra la Secretaría de Salud (SS) del estado, que está cumplida, y otra para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), que se encuentra como parcialmente atendida.
Siete dirigidas a alcaldes
Por su parte, los presidentes municipales de Tlachichuca, Uruviel Gonzalez Vieyra; San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres; Cuetzalan del Progreso, Oscar Paula Cruz; Coyomeapan, David Celestino Rosas y de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, se les emitió por no garantizar la seguridad jurídica y personal principalmente.
Mientras que a los ediles de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, y Quecholac, Néstor Camarillo Medina, fue por no garantizar el derecho y protección a la salud. Todas estas recomendaciones recibidas por los alcaldes se encuentran en trámite.
Los derechos humanos presuntamente violentados en dicho periodo y por los que emitieron estos documentos fueron seguridad jurídica con 25 por ciento; seguridad personal con el 22.5 por ciento; integridad con el 20 por ciento y legalidad con el 10 por ciento.
Seguido de derecho a la vida con el 7.5 por ciento; protección y derecho a la salud con el 5 por ciento; trato digno también con el 5 por ciento; propiedad o posesión con el 2.5 por ciento y libertad igual con el 2.5 por ciento.
En 2016 se emitieron cinco recomendaciones a autoridades estatales –la FGE fue la mayor con cuatro y la SEP con una— y seis estuvieron dirigidas a ayuntamientos, tres al de Teziutlán, mientras que al de San Andrés Cholula, Tehuacán y Ajalpan, uno para cada uno.
Es decir que en un año, el número de recomendaciones subió en 18.18 por ciento.
Conciliaciones bajaron 41.6%, hubo 21
Respecto a las conciliaciones, en los 12 meses del año pasado, la CDH emitió 21, que en comparación con un año antes fue 41.6 por ciento menos, ya que se registraron 36 documentos de este tipo. Del total de 2017 cinco están cumplidas y 16, en trámite.
De esta cifra, seis fueron para dependencias estatales, siendo de igual forma la FGE la que más recibió, ya que tuvo tres, de las que una aparece como cumplida y las otras dos en trámite, que corresponde al 14.2 por ciento.
Le sigue el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep) con una que está cumplida; el Tribunal de Arbitraje estatal igual con una que está cumplida y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) con una que se encuentra en trámite.
15 fueron para ayuntamientos
Las otras 15 fueron para los munícipes de Puebla, Luis Banck Serrato; San Pedro Cholula, Espinosa Torres, y Coxcatlán, Vicente López de la Vega, cada uno con dos conciliaciones, cuyo estatus se encuentra en trámite.
Mientras que para los ediles de Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo; Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez; Tecali de Herrera, Onésimo Téllez de los Santos; Tlacotepec de Benito Juárez, Pablo Pérez Maceda; Chiautla de Tapia, Jesús Castro Ramales; Ahuazotepec, Eric Alvarado Bednar y Palmar de Bravo, en ese entonces Pablo Morales Ugalde, ya que fue en marzo, también están en trámite.
La lista la completan los alcaldes de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce y San Gabriel Chilac, Rigoberto David Martínez Rosas, que son los únicos dos que las han cumplido, de acuerdo con lo publicado en la página de la CDH.
En este rubro, las presuntas violaciones a los derechos humanos fueron a seguridad jurídica con el 50 por ciento; legalidad con el 28.1 por ciento, trato digno con el 12.5 por ciento y derecho de petición con el 9.4 por ciento.
En el 2016 de las 36 conciliaciones que se emitieron 10 estuvieron dirigidas a autoridades estatales y 26 a municipales, de las que hasta el momento 29 están cumplidas y el resto, es decir, siete, aparecen con el estatus de trámite.
