La asociación “Todos para Todos” exigirá al Congreso local crear una comisión especial de seguimiento de “hechos de represión”, como el de San Bernardino Chalchihuapan en 2014, que, aunque la CNDH ya dio por terminado, para las víctimas aún hay pendientes.
En rueda de presa, Violeta Lagunes Viveros, vocera de la organización, acompañada de Ricardo Jiménez Ávila, recordó el caso del líder indígena Delfino Flores Melga, quien murió en condiciones de preso luego de ser detenido por oponerse a un proyecto en Cuetzalan.
Se suma el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” e hija del asesor general de la organización, Rubén Sarabia Reyna “Simitrio”.
El propósito de la comisión –explicó– es para que se impongan sanciones privativas de libertad, multa, destitución e inhabilitación a cada uno de los funcionarios responsables por la represión de la que fueron quienes se atrevieron a realizar cualquier crítica o protesta durante la administración panista pasada.
Además de que se establezca un Fondo Especial para la Reparación Integral, auditada por representantes de “los auténticos” movimientos sociales en Puebla, y es que mencionó que, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cerró el caso de Chalchihuapan “en la historia no se olvida”.
“En los hechos es claro que los presos políticos y de conciencia, así como las víctimas fatales de los crímenes de estado, tenían en común ser miembros, activistas o hijos de líderes de movimientos u organizaciones sociales”.
Incluso, a su juicio, las autoridades estatales no han cumplido con la disculpa pública, ni la reparación del daño a las víctimas de estos hechos.
Lagunes Viveros comentó que lo anterior se lo darán a conocer a los diputados, por lo que en los siguientes días acudirán al Legislativo poblano para manifestarle su exigencia.
Exigen liberación de Israel Pacheco
Por otra lado, Jiménez Ávila, si bien celebró la liberación de Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas, integrantes de la “28 de Octubre”, también exigió que se le dé libertad al exlíder sindical Israel Pacheco Velázquez, quien se encuentra encarcelado desde abril de 2014, porque “no quiso apoyar” la candidatura a la alcaldía, en ese año, de Antonio Gali Fayad.
Sostuvo que se le tiene que sujetar a procesos administrativos y penales al Juez Penal del distrito judicial de San Pedro Cholula, Alejandro León Flores, pues fue el primero que giró la orden de aprehensión contra Pacheco Velázquez “sólo por represión y no por un delito”.
Finalmente, ambos activistas exigieron la renuncia de Víctor Carrancá Bourget, como fiscal General del Estado (FGE), quien –afirmaron– desde el inicio de la administración morenovallista ha sido “la principal arma de represión” contra todos los líderes sociales que levantar la voz.
