El viernes pasado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, ordenó mantener la suspensión de la siembra del maíz transgénico en el país y emitió el recurso a la SCJN para que sea la que emita la sentencia final.
Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, Rene Sánchez Galindo, integrante de Colectividad del Maíz, agrupación que se conformó por varias organizaciones para hacer frente a las empresas, quien recordó que este proceso lleva ya 4 años, sin embargo, podría extenderse hasta un año.
Detalló que a nivel nacional se han presentado 26 amparos, 22 contra las transnacionales que insisten en la siembra del maíz genéticamente modificado y los otros cuatro contra la Sagarpa, pues está “a favor de que se produzca este grano”.
Acompañado de académicos y especialistas que se han pronunciado contra dicho tema, el litigante explicó que la agroindustria transnacional, encabezada por Dupont, solicitó a la SCJN que declare inconstitucionales las facultades del Código Federal de Procedimientos Civiles, que otorga a los jueces la facultad de ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades frente a hechos que causen daños.
Y es que recordó, anteriormente Monsanto, otra de las empresas que ha insistido en la siembra del transgénico, había solicitado –a inicios de año— al Tribunal Colegiado que suspendiera el amparo que se tenía, ya que habían pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analizara si podía atraer el tema.
En el caso de Dupont, dijo, la firma está argumentando que las medidas de protección son violatorias de la Constitución por una supuesta ambigüedad, así como por el temor a que esta atribución resulte proclive a arbitrariedades.
Al respecto, Sánchez Galindo mencionó que la empresa omite que la ley obliga que un juez federal haga un estudio legal del asunto, en el cual incluya los derechos del colectivo que deben protegerse –los de la contraparte— la intervención de las autoridades competentes y los efectos colaterales.
Hasta enero empezará análisis de la SCJN
“Los jueces tiene facultades para ordenar cuatro tipo de medidas, además de que el Código Federal de Procedimientos civiles no faculta a dictar medidas cautelares contrarias a la legislación, porque si así fuera hubiésemos pedido el destierro de los dueños de las transnacionales”, pronunció.
Indicó que el análisis del máximo órgano judicial sobre el dictamen del maíz transgénico iniciaría hasta enero, tiempo en el que “llevarán los argumentos” para que se declare definitivamente la suspensión de la siembra de dicho producto.
Refirió que actualmente hay 100 solicitudes de las empresas para sembrar el maíz en 2 millones de hectáreas de ocho estados del norte del país, y si bien no hay para Puebla, Sinaloa y Tamaulipas, buscan hacerlo, ya que son “los graneros” del país, por lo que el producto llegaría a todos las entidades.
La demanda colectiva inicio desde 2013 y fue promovida por 20 organizaciones civiles y 53 ciudadanos, luego de que desde dicha fecha, 26 firmas, entre ellas Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto, emprendieron amparos por la prohibición.
Cabe mencionar que Susana Cruz Ramírez, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable de la Universidad Iberoamericana de Puebla, señaló que la siembra del maíz transgénico contaminaría la tierra, traería daños a la salud y pondría en peligro a las 51 especies de este cereal.
