Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que el gobierno estatal debe transparentar el “verdadero” costo de las tres obras hechas a través de PPS y APP y decir cuáles son los intereses que se pagan.
En entrevista, el también exrector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) calificó como “pésimo” que no se sepan cómo se firmaron los contratos para el financiamiento del Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional del Barroco (MIB) y las Plataformas de Audi en San José Chiapa.
“Estos tres son los que sabemos, no sabemos cuáles son los intereses, hay que transparentar lo que se paga y ver si es razonable, porque qué tal si se están pagando el 15 por ciento de interés, eso es lo que no sabemos”, pronunció.
Consideró que esta medida podría ser por las críticas que se hicieron a la anterior administración estatal por la deuda pública que dejó, que –dijo– no se sabe con exactitud el monto de la misma porque “hay mucha información que se están escondiendo”.
No están registrados como deuda
Y es que de acuerdo con la página de Transparencia Fiscal del gobierno de Puebla, el costo total que tasó por el CIS, MIB y las Plataformas de Audi es de 8 mil 194 millones 940 mil 86 pesos y a la fecha se han pagado 844 millones 647 mil 153 pesos, lo que representa el 10.30 por ciento.
Sin embargo, no maneja intereses por las tres obras, ya que el documento reporta que se pagará la misma cantidad, por lo que restan 7 mil 350 millones 292 mil 933 pesos.
El pago de las plataformas de Audi, que se construyeron a través del esquema Asociación Público Privado (APP), deberá concluir en 2028; en los casos del MIB y el CIS, Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), el primero fue previsto a 23.3 años y deberá estar solventado en el 2039, y el segundo se estimó pagar a 25 años, siendo que deberá liquidarse en 2037.
Cabe mencionar que a principios de enero de este año, la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Público estatal sin el sistema de alerta, por lo que las tres obras antes mencionadas no las catalogaron como deuda pública.
