El presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, minimizó el respaldo de universidades, liderazgos del panismo, así como del CEN del albiazul hacia Eduardo Rivera Pérez, al señalar que “no existe persecución política”.
En entrevista, sostuvo que la inhabilitación en contra del expresidente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) fue un proceso administrativo y no político, además criticó –nuevamente– que Rivera Pérez haya judicializado el caso, dejando en evidencia que no todo estaba en orden como lo ha asegurado pues se ha dedicado a politizar el tema.
Señaló que la inhabilitación por 12 años y la sanción económica por 25.5 millones de pesos estuvo sustentada en argumentos técnicos y no políticos como–dijo– ha querido hacer parecer el sujeto de revisión para evadir su responsabilidad de solventar las irregularidades detectadas en su cuenta pública.
Aseguró que revisó el dictamen de 260 páginas, en el que quedó demostrado que Rivera Pérez no pudo comprobar el uso de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2013.
Cuestionado por el respaldo que ha recibido Rivera Pérez de liderazgos del PAN, como la aspirante presidencial, Margarita Zavala Gómez del Campo, el ex-presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el líder nacional, Ricardo Anaya Cortés, consideró que “deberían revisar el dictamen aprobado”.
“Con todo respeto no pretendo responderle ni a Felipe Calderón ni a Margarita ni al presidente del partido otra cosa que no sea lo que he venido diciendo que es un tema de orden administrativo que sólo le compete al Congreso del estado y a la Auditoría y el exalcalde decidió no solventar, que le pregunten a él por qué”, sentenció.
Diputados del PAN actuaron apegados a la ley
Se dijo respetuoso de la posición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) que señaló la actitud de la bancada del blanquiazul en Puebla no representa la postura oficial del partido y sentenció que los legisladores locales actuaron apegados a derecho.
Respecto a los señalamientos del Consorcio Universitario sobre que la resolución contra Rivera Pérez genera desconfianza en la impartición de justicia en el estado, comentó que sostuvo una reunión con ellos para atender el tema del Sistema Estatal Anticorrupción y no tocaron el asunto del desplegado.
Indicó que con la implementación de dicho sistema habrá nuevas reglas y entes en donde “cada peso” deberá ser fiscalizado y deberá haber cuentas claras. “Chicos, medianos o grandes, todos los sujetos obligados deben de rendir cuentas a la ciudadanía. Todo recurso que ejerce un ayuntamiento debe ser fiscalizado ya sea estatal o federal”, puntualizó.
