Las universidades Ibero, Anáhuac, Udlap, Items, Upaep y UMAD, así como la Coparmex lamentaron que el exedil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, haya sido inhabilitado por el Congreso local por 12 años, pues genera desconfianza en la impartición de justicia en el estado.
En un comunicado que fue posteado en la cuenta del exalcalde, las siete instituciones indicaron que “ven con preocupación” la resolución del Congreso de Puebla referente a la cuenta pública 2013 del panista vinculado con el grupo yunquista.
También indicaron que ello se aprecia como un acto de persecución política, como también ha calificado su situación Rivera Pérez, y quien ha acusado directamente al exgobernador Rafael Moreno Valle, pues trascendió que quiere dejar el “camino libre” para que sea su esposa Martha Érika Alonso Hidalgo quien sea candidata a la gubernatura en 2018 y no el exedil.
Confiaron en que las instancias federales —luego de que Rivera Pérez indicó que jueces analizarán las 25 presuntas irregularidades documentadas—sean imparciales.
“Manifestamos que nuestro interés no es sólo defender a una persona en particular del actuar legislativo que debiera prevalecer sobre cualquier interés, de forma que los procedimientos se rijan por los mismo criterios para cualquier servidor público (…) Puebla reclama un auténtico Estado de Derecho”.
