El gobierno de San Martín Texmelucan no quiere la línea de crédito aprobada por el Congreso local, sino recursos extraordinarios para pagar su deuda de hasta mil 7 millones de pesos, pues aceptar el préstamo sería “cerrar un hoyo para abrir otro”.
Así lo señaló el edil Rafael Núñez Ramírez, quien agregó que a pesar de que el Legislativo aprobó un crédito de 543 millones 891 mil 702 pesos, el ayuntamiento no es sujeto de crédito debido a su endeudamiento, por lo que ningún banco le prestaría.
En rueda de prensa, detalló que los recursos extraordinarios serían para cubrir el pago de 400 millones de pesos a dos consorcios y un millón 500 mil, a 23 ejidatarios, quienes reclaman el predio donde se ubica el tianguis municipal.
Asimismo, reveló que el Congreso no le ha notificado formalmente de la aprobación crediticia a pesar de que fue dictaminada desde el 15 de noviembre.
También se debe a contratistas
Además del adeudo del tianguis, la Comuna debe a contratistas de administraciones pasadas, al menos 80 laudos laborales, así como un predio ubicado en San Damián, el cual también es reclamado por un particular.
Por ello, el alcalde anunció que “insistirá” a los diputados para que aprueben la ampliación presupuestal texmeluquense para 2017, aunque los legisladores señalaron que carecen de dicha facultad.
Con respecto a la amenaza de desacato que enfrenta el gobierno municipal por no pagar el predio del tianguis, señaló que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe emitir un fallo tomando en cuenta que no hay recursos para cubrir el adeudo.
A pesar de la situación financiera, Núñez Ramírez anunció que podría buscarse reubicar el mercado en la exfábrica El Pilar, por ser “un lugar más céntrico”, sin embargo, reconoció que tampoco hay dinero para ello además de que aún no ha hablado con el dueño para acordar el precio de la renta o compra del lugar.
Aseveró que la propuesta fue “respaldada” por el sector empresarial que se queja del ambulantaje y “espera” que también lo hagan las 40 organizaciones que agrupan a alrededor de mil vendedores informales.
En este sentido, acusó que las organizaciones de comerciantes “exigen mucho y no aportan nada” al municipio, ya que recientemente se han manifestado para exigir seguridad pero “se niegan” a regularizarse y pagar impuestos.
Líderes “no rinden cuentas” a Tesorería
El edil estimó que si cada ambulante pagara 20 pesos y los locatarios 50 por cada metro cuadrado, se recaudarían al menos 500 mil pesos semanales “que se ocuparían para mejorar servicios y en cubrir la deuda”.
Al respecto, Núñez Ramírez fue cuestionado del porqué la Comuna no exige el pago a los comerciantes, a lo que respondió que, en particular, cada comerciante paga a su agrupación, pero son los líderes quienes “no entregan nada” a la Tesorería.
Ante esto, dijo, se planteó la reubicación, ya que cada comerciante pagaría un lugar y, con ello, –aseveró- solo aceptarían quedarse los vendedores locales, pues “la mayoría del ambulantaje es de otros estados”.
Detalló que hay tianguistas del Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca, a quienes “nos les convendría pagar por su lugar y no les quedaría de otra que irse”
Incluso, el edil dejó el tema de la deuda para resaltar que la exfábrica “no necesita muchas adecuaciones” y, por ser un lugar cerrado, se regularía de mejor manera a los tianguistas.
Al respecto, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, quien se reunió previamente con el munícipe, exhortó a los tres niveles de gobierno a “que hagan valer el estado de derecho y combatan frontalmente la corrupción y el comercio informal”.
