Entre 2018 y 2019, 15 entidades perdieron recursos federales para temas de seguridad pública, fue el caso de Puebla, Baja California, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
