El Primer Tribunal Colegiado Federal en Materia Administrativa con sede en Puebla desechó el recurso de revisión interpuesto por Jorge N., con lo que continuará la demolición del 20 por ciento de las viviendas irregulares que aún quedan en pie dentro del predio invadido de La Covadonga.
Con esta resolución federal, contenida en el expediente RA725/2025 con fecha del 8 de julio de 2026, los magistrados confirmaron la sentencia previa del Juzgado Cuarto de Distrito del 15 de julio de 2025.
Los togados catalogaron el recurso de Jorge N. como extemporáneo, dejando sin efectos su intento por frenar definitivamente la intervención de las autoridades municipales.
Jesús González Schmal, representante jurídico de la Fundación Julita y Antonio, señaló que el ayuntamiento de Puebla deberá reanudar y concluir a la brevedad las acciones. En su intervención, mencionó que, a su consideración, las autoridades suspendieron las labores de demolición en La Covadonga de manera indebida.
Asimismo, el abogado adelantó que la fundación mantendrá activas las vías legales necesarias para exigir la reparación del daño patrimonial.
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Despojo en La Covadonga inició en 2023
El despojo comenzó el 9 de abril de 2023, cuando un grupo de 50 personas armadas y organizadas ingresó de forma violenta.
Este lugar está ubicado en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, sobre la antigua carretera Puebla-Tlaxcala, y tiene una superficie de 8.5 hectáreas.
Posteriormente, los invasores delimitaron el área, construyeron bardas y levantaron cuartos provisionales. De inmediato, comenzaron a fraccionar el terreno para vender ilegalmente los lotes entre 240 mil y 300 mil pesos.
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Para engañar a los compradores, les entregaban recibos de compra-venta avalados presuntamente por un notario del estado de Tlaxcala.
Sin embargo, estos documentos correspondían a un predio ubicado en el municipio de Cuautlancingo, no al terreno real en la capital poblana.
Posteriormente, la Fundación Julita y Antonio interpuso denuncias penales que derivaron en la carpeta de investigación 7677/2023 en contra de Jorge N.
Inicialmente, el juez de control Enrique López Criollo determinó no vincular a proceso a Jorge N. No obstante, la Fundación batalló jurídicamente y, en enero de 2026.
Después, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal les otorgó un amparo que obligó a revocar esa decisión, ordenando al Tribunal de Justicia de Puebla considerar todas las pruebas desechadas y reabrir el proceso penal contra el imputado.
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Primeras demoliciones y amparos de los posesionarios
Desde abril de 2024, el ayuntamiento de Puebla emitió un acuerdo de intervención preventiva. Tras un amparo concedido a la fundación por la jueza Cuarto de Distrito, Blanca Alicia Luna, se facultó a la comuna para la demolición de las estructuras ilegales en La Covadonga.
La diligencia se ejecutó con apoyo de fuerzas federales, estatales y municipales. No obstante, se detuvo al 80 por ciento cuando un presunto propietario presentó escrituras de Tlaxcala.
Posteriormente, en diciembre de 2025, el Poder Judicial de la Federación concluyó de forma anticipada otro amparo promovido por 13 personas que alegaban la posesión de las viviendas, dándole la razón jurídica de manera sistemática a la Fundación Julita y Antonio.
