Un juez rechazó el amparo interpuesto por 13 invasores, quienes pretendían evitar la demolición de construcciones irregulares de La Covadonga; por lo que el municipio de Puebla deberá reanudar acciones de derribo.
Este martes 2 de diciembre, el juez tercero de distrito de Tlaxcala consideró que no aportaron pruebas suficientes.
Esto, ya que no pudieron identificar, verificar o delimitar que sus inmuebles se ubican en una localización en donde son afectados por las autoridades responsables.
Según el representante de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, explicó que los quejosos pretendían demostrar que los terrenos invadidos pertenecían a Tlaxcala.
Con el amparo, los invasores buscaban frenar la demolición de las construcciones que establecieron en La Covadonga.
Sin embargo, al no aportar pruebas, no hay impedimento para que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla continúe con la demolición de los inmuebles irregulares.
Dictaron demolición de inmuebles desde 2024 para recuperar propiedades
Cabe recordar que la madrugada del 19 de julio, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron cumplimiento a una orden judicial.
En la movilización, retiraron una treintena de inmuebles deshabitados y bardas perimetrales, en cerca de 9 hectáreas en La Covadonga.
Según el acuerdo municipal del 30 de abril de 2024, la propia autoridad del ayuntamiento estableció el retiro y demolición de las obras ejecutadas en el predio, como medida de seguridad, de carácter preventivo y de inmediata ejecución, con el apoyo de la dependencia municipal antes mencionada.
Ante el retraso en el cumplimiento de dicho acuerdo, el equipo legal de la Fundación Julita y Antonio interpuso un amparo federal para que la autoridad de la ciudad de Puebla cumpliera con el mismo.
En consecuencia, la juez Cuarto de Distrito, Blanca Alicia Luna, les otorgó un amparo para que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal (SGyDU) procediera a la demolición dictada desde abril de 2024.
Con esta resolución, la Fundación Julita y Antonio continúa el camino legal para demostrar la propiedad legítima del terreno y su recuperación.
