En México, el subsidio al transporte público se destina, principalmente, en el metro, y en segundo lugar en los llamados sistemas BRT, sin tomar en cuenta los camiones y combis tradicionales. Tan sólo el metro de la Ciudad de México concentra el subsidio del 72 por ciento del presupuesto destinado por el gobierno local a movilidad.
Así lo mencionó Adrián Escamilla, director ejecutivo de Grupo CISA, durante su ponencia como cierre del 17º Congreso Internacional de Transporte. Además, agregó que este transporte tradicional apenas recibe el 1 por ciento del subsidio total. Por ello, pidió un mayor recurso para este sector integrante del sistema de movilidad en las ciudades.
En el caso de la CDMX, el presupuesto al transporte público, de acuerdo con la jefa de gobierno Clara Brugada, consistió en 50 mil millones de pesos desde enero del 2025 a abril del 2026.
Explicó que este subsistema tradicional en la CDMX brinda servicio a alrededor de 210 millones de pasajeros mensuales. Casi el doble de los aproximadamente 101 millones que transporta el metro. Ante ello, dijo que es necesario revisar la disparidad del recurso destinado al transporte público. Señaló que la capital sigue estando entre las ciudades con mayores niveles de congestión vehicular del mundo.
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A su vez, agregó que el subsidio en el transporte tradicional (camiones y combis que no cuentan con carriles confinados) se utiliza únicamente para programas de renovación vehicular. Indicó que dicho apoyo no se destina a la operación cotidiana del servicio. Por ello, propone que haya más recursos para destinarlo a evitar el envejecimiento de flotas y cuidar las condiciones.
Cabe mencionar que el metro opera por medio de una tarifa social de 5 pesos sostenida mediante subsidio al transporte; de desaparecer, llegaría a los 13 pesos el costo.
Transporte público tradicional debe recibir mayores subsidios, propone
En este sentido, afirmó que este “desequilibrio presupuestal” se refleja en un deterioro del transporte público en la capital y, por extensión, “en buena parte del país”. Además de acrecentar problemas como la caída de demanda frente al automóvil particular y la motocicleta, así como el envejecimiento de las unidades.
Por otra parte, aseveró que estos problemas son estructurales, por lo que no se suscitaron recientemente: son el resultado de una serie de “decisiones fragmentadas” en materia de movilidad. Por ello, consideró que la planeación también es un elemento indispensable para ayudar en solucionar estas necesidades.
“El problema no es solamente mover autobuses o personas; el problema es garantizar calidad de vida”.
Finalmete, reconoció varios avances legislativos, como la incorporación del derecho humano a la movilidad en la Constitución Política. Además, destacó la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano.
