A 10 años de tener la concesión a Agua de Puebla, el 70 por ciento de usuarios carece de un buen servicio, pues les llega una o dos veces por semana. Además, hay pérdidas del 21 por ciento de la producción, por ello debe revocarse y el gobierno es el que debe asumir la tutela.
Así coincidieron durante la mesa temática “El agua y el saneamiento en Puebla capital” de Ángulo 7 Radio, Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente en el marinismo; Omar Jiménez Castro, exsíndico del ayuntamiento; Pablo Loreto López, experto en control de la contaminación y Lluvia García Vilchis, del Colectivo por el Bienestar Social.
Castillo Montemayor aseguró que la empresa “nunca ha tenido el interés” de invertir para brindar un mejor servicio, pues cuando recibió la concesión el gobierno estatal en 2013 se le dio su infraestructura, con un valor de 7 mil millones de pesos, y solo dio una contraprestación de mil 486 millones de pesos que los pidió a un banco y ahora le autorizaron otros 2 mil 500 millones.
Detalló que la firma ha dicho que extrae 4 mil 320 litros por segundo, que son 136 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a 300 mil metros cúbicos diarios, que de acuerdo con el número de usuarios que tiene de un millón 800 mil, alcanzaría para suministrar 200 litros por persona.
Sin embargo, la empresa argumenta que pierden el 21 por ciento del agua, con lo que alcanzaría para dar 150 litros al día, aunque la realidad es otra, pues el 70 por ciento tiene vital líquido solo una o dos veces por semana, lo que significa que se desperdicia más.
“Si nos basamos con estas cifras no debería haber problemas, la OMS dice que deben ser de 50 a 100 litros al día, entonces muestra una ineficiencia en el manejo de la red y del agua, una mala capacidad para administrarla, operar y distribuirla, porque si fuera como dicen no habría problemas en Puebla”, expresó.
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La privatización fue un error: Castillo
Comentó que esto muestra que “la privatización fue un error”, pues están cobrando tarifas elevadas, además están explotación los acuíferos y los ríos siguen contaminados, sumado a que a 10 años de que se entregó no han construido las plantas de tratamiento y contribuyen a un riesgo de las poblaciones agrícolas porque los cultivos se riegan con aguas residuales.
Por su parte, Lorero López comentó que al tener altos costos de producción en el agua y con ineficiencia en la administración, el aumento en las tarifas se lo cargan a los usuarios, sin tomar en cuenta que los gastos de operación se duplican.
Agregó que solo tienen un 35 por ciento de recaudación, lo que representa que el 65 por ciento de los usuarios no pagan, que se suma a las pérdidas de agua durante la distribución, por lo que se tienen que hacer una reingeniería y una cadena de custodia para reducir estas pérdidas.
Sin embargo, dijo que si los usuarios no pagan es porque no se tiene un buen servicio, ya que hay colonias en las que el agua les caen solo algunas horas y otras en las que solo es una o dos veces por semana.
“Es claro que la empresa no tiene compromiso con la ciudadanía, cobran más para sacar más para ella, es un hecho que haber privatizado el agua, en lugar de haber eficientado el servicio y bajado los servicios, fue al revés, la firma solo llegó a explotar el acuífero y los poblanos”, remarcó.
En tanto, Jiménez Castro comentó que esto ha traído como consecuencia el cobro de un saneamiento que no se realiza, lo que puede ser catalogado como fraude, además de que puede contribuir a un problema de salud pública por las enfermedades que se lleguen a generar.
Incluso, refirió que en los juicios de amparo que ha promovido a usuarios, en ninguno se ha ofrecido un peritaje sobre el tema del saneamiento, por lo que se tiene una demanda de Colectiva para el Bienestar en esta materia.
Empresa debe realizar saneamiento
Al respeto, García Vilchis explicó que los jueces han hecho oídos sordos, pues no han obligado a la empresa a que cumpla y compruebe que lo está realizando, ya que está cobrando y por ello con el recurso jurídico que se tiene se busca que se regrese a los usuarios lo que han pagado.
Sostuvo que sigue vigente la medida cautelar que obliga a Agua de Puebla a realizar el saneamiento de las aguas residuales, pues la empresa ha confesado a la Juez que rebasa el límite máximo permisible de coliformes fecales 12 veces más de lo permitido.
Añadió que están litigando dos amparos, uno para que se le informe a los poblanos en su recibo de agua la existencia de la demanda colectiva y el otro en el que están defendiendo la medida cautelar porque la concesionaria quiere que la quiten.
Los cuatro coincidieron en que al ser una empresa privada ésta tiene sus propios intereses, en lugar de buscar el bien común con el manejo del agua y ni pondrá “un solo peso de bolsa” para mejorar el servicio, a pesar de que es una de las cláusulas que se establecieron.
Y es que con los 2 mil 500 millones de pesos que les autorizaron como crédito, es para ampliar la cobertura, construir las plantas de tratamiento que no ha hecho y mejorar el sistema de distribución, pero lo tendrá terminado al 100 por ciento hasta el 2032.
Por ello, mencionaron que al violar la ley e incumplir el contrato “se tiene que correr” a Agua de Puebla, para que sea el gobierno el que asuma la tutela del servicio, además de que se tiene que combatir la corrupción que hay en el Soapap y hacer una reingeniería de su estructura.
Afirmaron que el argumento de que se tiene que pagar por revocar la concesión “es una argucia legal” que se ha manejado por años, pues es más voluntad política de los gobiernos, pues lo único que se necesita es eficiencia en la administración.
