Este lunes se cumplen 53 años de la masacre del 10 de junio de 1971 conocida como el “halconazo”, donde un grupo paramilitar entrenado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la CIA reprimió a estudiantes y maestros de la UNAM y el IPN, dejando más de 120 asesinados.
Por la tarde, integrantes del Comité 68 y sobrevivientes del “halconazó”, marcharon en la Ciudad de México exigiendo justicia y castigo a los responsables de esta masacre. Allí, Víctor Guerra, sobreviviente del 2 de octubre de 1968, reivindicó el derecho a la memoria y resaltó su importancia para que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir.
“Estas marchas año con año tienen como propósito preservar la memoria para que actos como este no vuelvan a repetirse”, expresó a La Jornada. Resaltó que ya son 53 años de impunidad al no existir una sentencia contra los criminales, mismos que, dijo, fueron protegidos por los gobiernos priístas y panistas.
En la marcha, también estuvieron presentes padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Así como maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones indígenas y populares.
También se unieron estudiantes de la UNAM y el IPN, que, en conjunto, resaltaron la vigencia de la demanda de no repetición de los crímenes de Estado cometidos contra los disidentes sociales. Exigieron el esclarecimiento de la muerte de unos de sus compañeros durante una riña en el que estuvieron involucrados “porros” de la UNAM.
Esta tragedia sucedió apenas el pasado 8 de mayo, por lo que mantiene vigente la demanda de expulsión a todos los “porros” de la universidad. Exigencia que llevó, hasta el momento, a los estudiantes a mantener tomadas las instalaciones del CCH Naucalpan.
“El Halconazo”, parte del movimiento contrainsurgente
La masacre del 10 de junio se ejecutó inicialmente en la Calzada México-Tacuba, a la altura de la estación del Metro Normal por parte del grupo paramilitar llamado “Los Halcones”. Pero luego de ello, testigos han señalado que policías acudieron a hospitales donde los estudiantes heridos eran atenidos para asesinarlos allí mismo.
Esta acción formó parte de un movimiento contrainsurgente financiado por el Estado, en ese momento encabezado por el expresidente Luis Echeverría Álvarez.
La contrainsurgencia se presentó porque a pesar de la anterior masacre el 2 de octubre, los movimientos universitarios continuaban luchando por las clases populares. Lo que dio lugar a la llamada “guerra sucia”, donde el Estado persiguió, torturó y desapareció a activistas y luchadores sociales.
Sitio de memoria por la masacre del 10 de junio de 1971
En ese marco, también este lunes el gobierno federal colocó la señalética urbana que identifica al edificio Circular de Morelia número 8. Este sitio fue sede de la Dirección Federal de Seguridad, pero también, en su sótano se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos.
El edificio fue un centro de detención clandestino, relacionado con el “Halconazo” y con el periodo de guerra sucia de la década de los 70s. Forma parte de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac), así como de la red mundial Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.
La creación de espacios de memoria y derechos humanos en países como México, Chile y Argentina, por solo mencionar algunos, permite que lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura, reclusión y exterminio, se configuren en espacios de acción y reflexión en torno a la verdad y la justicia; además de realizar prácticas educativas, de investigación, culturales, artísticas, de formación y encuentros comunitarios para la promoción de los derechos universales.
Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración