Tras la clausura de la cementera Cruz Azul, el gobierno estatal revisará junto con los ayuntamientos que cumpla con los impuestos, ya que solo lo ha hecho en Palmar de Bravo, mientras que en Tecamachalco no lo ha hecho, a pesar de abarcar varias hectáreas de territorio.
En entrevista, luego de la inauguración de la Central Camionera del Sur (Cetram) , el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, comentó que es un tema que se está trabajando con la empresa, aunque afirmó que las instalaciones de mantienen abiertas.
Refirió que se instaló una mesa de diálogo entre los gobiernos municipales de Palmar de Bravo y Tecamachalco, así como con directivos de la cementera para dirimir las diferencias legales que se tienen por su operación.
“Del total de la superficie que la cementera adquirió para instalar su planta, hay un porcentaje que está dentro de Tecamachalco, esto a inicio no estaba contemplando porque en las escrituras de la empresa dicen que están en el municipio de Palmar de Bravo, lo que ocasionó que todos los trámites administrativos estén registrados en ese lugar”, expresó.
El funcionario estatal cuando ambos municipios dirimieron las dimensiones que abarcan dichas instalaciones detectaron que estaba dentro de los dos, por eso es que Tecamachalco está llevando las acciones jurídicas para cobrar lo que les corresponde.
Aunque no precisó el monto, dijo que se está revisando, ya que no solo se traga del impuesto predial, sino también por la explotación de recursos y otros conceptos, por lo que quieren ser “muy responsables”, ya que la empresa es importante al estado y con una gran cantidad de empleos.
Buscan llegar a acuerdo
Precisó que tienen que ser prudentes y por ello es que le tienen que dar todo el respaldo social y política a la empresa por la economía que genera, pero también al municipio de que tenga la certeza de que se atenderá bajo la legalidad correspondiente para que ambas partes llegue a bien puerto.
Aquino Limón mencionó que fue un argumento del municipio para iniciar el procedimiento, pero reconoció que se tienen otras observaciones que se han hecho por parte de los ciudadanos de la zona como que la empresa ha contaminado durante su operación, aunque las minimizó.
Esto, pues dijo que lo está revisando de manera directa la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente, al aseverar que la cementera está en la disposición de cumplir con lo que le corresponde para seguir operando.
“Hemos sido testigos de que tanto la empresa como el ayuntamiento lleguen a un acuerdo. Están abiertas las instalaciones, mañana tenemos una diligencia y así tendremos algunas mesas más, la planta no está clausura”, remarcó.
