El juicio civil que el gobierno de México inició en un condado de Florida en contra de Genaro García Luna entró en una etapa de “conciliación”, precisó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En su participación en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez recordó que la demanda fue presentada el 21 de septiembre de 2021 y busca la recuperación de 634 millones de dólares; los recursos provinieron de distintas entidades públicas y fueron transferidos a Florida por medio de paraísos fiscales.

Del juicio, indicó que las partes -es decir el gobierno mexicano y la defensa de García Luna- está en el proceso de “deposición de las pruebas”.  

Señaló que actualmente están aseguradas 19 propiedades de García Luna y que, al momento, el gobierno de México recuperó cerca de 2 millones de dólares provenientes de los activos de la empresa Delta Integrator, propiedad del exsecretario de Seguridad y de su esposa, Cristina Pereyra Gálvez.

Cisen y Policía Federal, triangularon recursos

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención de Readaptación Social (Oadprs) fueron utilizados por García Luna para triangular recursos a través de 30 contratos celebrados con el Grupo Weinberg.

En la exposición, Gómez Álvarez indicó que Grupo Weinberg tiene un conglomerado de 80 empresas constituidas en distinto países y de las cuales tres recibieron contratos en México en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En esas compañías -comentó- Mauricio Samuel Weinberg López participa en 19, mientras que su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto participa en 30 empresas y está sujeto a proceso de extradición en España.

“No son una empresa especializada en seguridad, ellos no producen nada, no producen un solo software, no genera ni hardware, ni siquiera cámaras de videograbación, todo lo hace comprando aquí y allá principalmente del extranjero”.

Asimismo, señaló que la UIF investiga a socios mexicanos de García Luna por la operación de cuentas bancarias ubicadas en Barbados.

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