La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Puebla, dio a conocer que en el 2023, se registraron mil 800 fraudes inmobiliarios, cometidos por empresas que no están reguladas, informó su presidente Alejandro Muñoz Muratalla.
Indicó que la información se desprende de datos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por denuncias de las que tiene conocimiento.
Reveló que sólo 400 de 2 mil empresas del sector local están debidamente registradas, es decir, empadronadas por las autoridades. Sin embargo, el resto operan de forma clandestina, lo cual ha llevado a fraudes en perjuicio de clientes.
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Mencionó que la competencia desleal de las empresas que no están reguladas debe llamar a la atención de las autoridades. Señaló que sobre todo por el daño patrimonial que generan en los casos señalados, ya que son varios millones de pesos.
Uno de los casos evidenciados ocurrió en febrero pasado. Fue el del proyecto OAK 58, que consistía en un edificio de departamentos de lujo en la zona de Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula.
De lo anterior, 100 clientes de entidades como Puebla, Morelos y de la Ciudad de México, fueron víctimas de estafa. En total, perdieron un total de 500 millones de pesos.
AMPI Puebla: urge ley Inmobiliaria
En este tenor, el presidente de la AMPI urgió la necesidad de que en el Congreso del estado de Puebla se apruebe la Ley Inmobiliaria para frenar a esas empresas que llamó “fantasmas”, porque no garantizan una compra-venta segura.
Indicó que, como AMPI han sostenido reuniones con los diputados locales de la Comisión de Desarrollo Económico para darle seguimiento a la aprobación de esa ley que tiene 12 años en “la congeladora” y que esperan quede lista antes de que termine la legislatura, en septiembre próximo.
La organización de inmobiliarios en Puebla alertó que siguen operando supuestos agentes de bienes raíces, quienes piden anticipos de dinero, pero no cumplen con el apartado o entrega de un inmueble en venta o renta.
Muñoz Muratalla estimó que dos de cada diez operaciones son fraudes por quienes no están acreditados para esa prestación de servicios.
La iniciativa de la AMPI propone que el gobierno estatal establezca un padrón de agentes y empresas inmobiliarias autorizadas para comprar, vender o rentar casas. Estas deben estar inscritas o regularizadas; de lo contrario, enfrentarán sanciones económicas.
Además, las empresas deberán informar sobre cualquier operación que pueda parecer fraudulenta o si hay sospechas de que se realiza con dinero ilegal. En caso de no hacerlo, podrían ser multadas hasta con 120 mil pesos.
