La justicia pronta y expedita en el caso de Susana Rojas Merino, sobrevierte de feminicidio, no existe. O eso es lo que aparece, porque mientras ella está presa por un delito que ni siquiera está probado, Daniel, quien la apuñaló en 17 ocasiones está libre.
Ella es originaria de San Luis Temalacayuca, municipio de Tepanco de López, Puebla. Su caso se dio a conocer luego de que el pasado 3 de julio estuviera programado su examen de titulación para ser maestra, sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque ella fue detenida el 23 de junio.
De lo que se le acusa a ella, a su hermano y dos de sus primos es de secuestrar y golpear a su victimario. Hecho que, cabe señalar, no está demostrado aún. No obstante, ese delito que se le imputa lleva tres meses desde que emitió la denuncia.
En cambio, las agresiones ocurridas en 2018, ni siquiera llevaron a una orden de aprehensión contra Daniel. El encargado de ese maniqueo (porque no hay otra forma de llamarlo) es el juez Gabriel Pérez Rocha.
Mismo juez anteriormente fue acusado por obstruir la justicia, por ejemplo, en el caso del asesinato del colega Marco Aurelio. La FGE emitió una queja, porque familiares del periodista señalaron que quería dejar libre a Jesús Armando, uno de los involucrados en el homicidio. Eso fue en septiembre de 2023.
Recientemente, en mayo, por medio de unas lonas colocadas en diversos puntos de Tehuacán, acusaban que dicho dictador de justicia beneficiaba a grupos criminales.
Por ello, el reto para las autoridades no sólo es voltear a ver el caso, sino buscar, sin romper el orden de los poderes, que realmente haya justicia y no se actúe, es lo que ve, a favor de los victimarios.