Ante la violencia hacia las mujeres, el Poder Judicial de Puebla dilata los procesos. Recientemente, resolvió dos casos de violencia: el de Esmeralda Millán, quien sobrevivió a un ataque con ácido, y el de Yanelli, también sobreviviente de un intento de feminicidio.
Ambas sentencias son hechos históricos que representan un poco de justicia en medio de la impunidad, después de que los jueces tardaran más de 5 años en cada caso para dar solución a las demandas de las víctimas.
Sin embargo, esto fue posible gracias a la presión social, a que las mujeres se organizaron, hablaron a los medios, se manifestaron y expusieron las dilaciones de este poder. De otra manera, sus casos, al igual que los de millones de mujeres, seguirían congelados.
En los últimos tiempos hemos visto que jueces, magistrados y ministros favorecen a violentadores, abusadores y a quienes evaden el fisco. En cambio, cuando el Poder Legislativo intentó quitarles sus privilegios (fideicomisos), estos sacaron inmediatamente las garras.
La vida democrática en nuestro país ha tenido cambios desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. Sin embargo, este tipo de fallas obstaculizan lo mucho o poco que se va construyendo con el “humanismo mexicano“.
Es necesario que este tercer poder se ponga a la altura de las circunstancias y deje de defender lo indefendible en nombre de la ley. No basta con ponerse del lado de la víctima, ni tampoco “ponerse en su lugar”. No es un favor que puedan acceder a la justicia para vivir plenamente.
