La Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) detectó 3 mil concesiones otorgadas de manera ilegal en gobiernos pasados, por lo que son revisadas y las que no cumplan con los requisitos se revocarán, además de que 100 servidores públicos fueron dados de baja por corrupción.
Así lo informó, ante su comparecencia en el pleno del Congreso local durante la sesión ordinaria de este jueves del como parte de la glosa del tercer informe de labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la titular de dicha dependencia, Elsa Bracamonte González.
Esto, luego de ser cuestionada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, sobre qué acciones se han hecho para garantizar la modernización de transporte público en la entidad.
Al respecto, la funcionaria estatal reconoció que “no se había hecho nada” en meses pasados, por lo que ahora con la nueva ley que se aprobó el diciembre pasado se podrá regularizar, pues “está traslapado, encimado y con unidades bastante viejas y en mal estado”.
Detalló que desde que llegó a la dependencia, en abril del año pasado, se han otorgado solo 32 concesiones, pues se tiene que “poner orden” y por ello es que todas las que se entreguen serán previo estudio y en las zonas donde realmente son necesarias las nuevas unidades.
Asimismo, el diputado de Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, la cuestionó sobre las quejas que hay de personas que han querido tener una concesión y han pasado años sin poder acceder a ellas, lo que muestra la burocracia que hay en la dependencia.
Burocracia retrasa análisis de expedientes
A ello, reconoció que, si bien se ha tenido una “enorme burocracia” y lentitud, también ha habido “mucha corrupción” de los transportistas que “han comprado” a funcionarios públicos para que los estudios que se hacen para emitir dichos permisos sean a su favor.
Afirmó que las 3 mil concesiones se otorgaron en gobiernos pasados deben ser reguladas dado que están ocupando el espacio de otro y tienen el mismo itinerario de otro, sumado al “coyotaje” que por años se registró, además de que el retraso igual ha sido porque se han registrado varios casos de Covid-19 entre los trabajadores.
Agregó que actualmente se tienen mil 753 solicitudes pendientes desde 2008 a la fecha, así como muchos estudios son improcedentes, por lo que ya se otorgaron serán revocadas.
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