La iniciativa del diputado Rafael Micalco Méndez para eliminar la prisión preventiva como medida cautelar es positiva porque pone sobre la mesa el “abuso” con el que se usa, pero podría verse obstaculizada porque esa decisión compete al Congreso de la Unión y no al local.
Así lo indicó Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Licenciatura de Derecho de la Ibero Puebla, quien en entrevista con Ángulo 7 mencionó que la prisión preventiva está constitucionalizada y pasó por reformas en el Congreso de la Unión, por lo que de prosperar en Puebla, podría enfrentar una acción de inconstitucionalidad donde señalarían que le corresponde al federal modificar el catálogo de delitos y en función de esa modificación, sería entonces que el Legislativo de Puebla podría ajustarse.
Resaltó que la medida ha sido señalada por especialistas en derecho y hasta por órganos como las Naciones Unidas como una medida violatoria de derechos humanos, la libertad personal y la presunción de inocencia, toda vez que es aplicada en automático tras cometer presuntamente algunos delitos.
En cuanto a la prisión preventiva justificada, comentó que se trata de una medida dispuesta tras una revisión judicial o una solicitud de las fiscalías; no obstante, ya sea como medida oficiosa o justificada, confirmó que las cárceles enfrentan una sobrepoblación debido a esta medida, por lo que recordó la urgencia de debatir al respecto.
La prisión preventiva no debería ser “automática”
El coordinador de la Licenciatura de Derecho de la Ibero en Puebla comentó que la política de persecución penal debería cambiar, pues tal parece que la prisión preventiva suele aplicarse “en automático” o “por costumbre” por parte de los jueces y con la contribución indirecta de las defensas negligentes, lo que deriva en una aplicación generalizada de la misma.
El académico comentó que desde el propio Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, esto es que no puede ser la primera opción.
Sin embargo, también es considerada una medida oficiosa en delitos como abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas o robo de casa habitación, por lo que los paradigmas se contraponen y contribuyen a que exista como medida general.
Existen otras alternativas
El académico recordó que en otros sistemas que también se consideran democráticos, la gente no va necesariamente a prisión para enfrentar una acusación penal o una investigación, algunas alternativas suelen ser tener libertad bajo prohibición de salir de un estado; en México podría retirarse el pasaporte al acusado.
También podrían implementarse dispositivos localizadores o hasta el arraigo, toda vez que recordó que hay un catálogo de casi 20 medidas alternas a la prisión preventiva. “El problema es que en México se utiliza de manera generalizada, ya sea porque es oficiosa o porque se impone digamos ‘por costumbre’ la prisión preventiva”, añadió.
Hernández León indicó que en caso de que sí sea una necesidad la prisión preventiva, debe estar sujeta a controles, a la justificación y a la proporcionalidad, esto, luego de que sea demostrada la real necesidad de la misma para proteger a la víctima o los ofendidos y exista un peligro acreditado.
Recordó que la prisión preventiva no garantiza una mejor investigación por parte de las fiscalías y “no fortalece las capacidades de investigación y tampoco disminuye la inseguridad, pues no hay evidencia empírica que correlacione que a mayor prisión preventiva mayor seguridad pública”, sentenció.
Lo anterior, porque la seguridad pública pasa por otras áreas de decisión e incluye medidas como fortalecer la policía, mejorarla, equiparla y en general, establecer mejores controles.
