Luis Videgaray Caso, extitular Hacienda y canciller con Enrique Peña Nieto, minimizó las pruebas con las que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por 10 años, por presuntamente haber faltado a la verdad en sus declaraciones patrimoniales.
Lo anterior, este martes horas después de que la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció que resolvió inhabilitarlo para ejercer cargos públicos en México por 10 años
Dicha sanción se determinó en mayo por presuntas infracciones que se dieron entre 2015 y 2017, cuando Videgaray Caso “se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal”, como Secretario de Relaciones Exteriores (2017-2018) y de Hacienda y Crédito Público (2012-2016).
En respuesta desde su autoexilio, en Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos), sede de la Universidad de Harvard, Videgaray rechazó la acusación y remarcó que la SFP lo sancionó con base en tarjetas de crédito sin saldo que reportó como aclaraciones, no como pasivos.
También resalta que la SFP no lo acusa de haberse beneficiado de la presunta falta de veracidad en su declaración patrimonial ni de haber lucrado con ello.
En este sentido, incluso señala que apoyará la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador “impugnando la resolución (de la SFP) por la vía institucional”.
Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG
— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021
Esta no es la primera vez que una inhabilitación de la SFP se ve en vilo. Anteriormente, han sido suspendidas las sanciones contra Cyber Robotic Solution, propiedad de León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE; contra la farmacéutica PISA, y contra dos farmacéuticas de Carlos Lomelí Bolaños, exdelegado federal en Jalisco.