La FGE de Puebla aceptó parcialmente la recomendación de la CDH, que acreditó tortura contra José María Álvarez Sosa, probable responsable del feminicidio, en 2015, de Paulina Camargo Limón; el organismo afirmó que no se violentaron los derechos al señalado.
La Fiscalía General del estado (FGE) argumentó que la recomendación del expediente 3793/2017 fue aceptada parcialmente porque no se violentaron los derechos humanos del quejoso, conocido como “Chema”, y únicamente se aceptó continuar con la capacitación para el personal en lo relativo a respeto y protección a los derechos humanos, “toda vez que ésta es una acción continua, descrita en la ley y parte sustantiva en el plan de trabajo”.
Mencionó que también se aceptó dar vista a la Visitaduría de la CDH para que se investigue la posible existencia de faltas administrativas del personal de la institución en el presente caso.
Las recomendaciones que no fueron aceptadas fueron las de brindar atención psicológica al quejoso, porque no ha ejercido dicho derecho, no obstante, esta posibilidad se encuentra abierta a voluntad del solicitante en cualquier momento.
“No hubo negligencia de MP”
Tampoco, que la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación se conduzca conforme a derecho, pues, a decir de la FGE, la investigación se ha conducido “y se seguirá de manera diligente, científica, seria, pormenorizada e imparcial y en estricto apego a los derechos humanos del denunciante”.
Por último, no aceptó la emisión de una circular que regule la actuación de los servidores públicos de la FGE con apego al derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de la preexistencia en el marco legal vigente de dichas obligaciones.
En diciembre del año pasado, la CDH acreditó que a Álvarez Sosa mientras estuvo detenido, le infirieron malos tratos que le provocaron signos y secuelas psicológicas, le tomaron su declaración con asistencia de una defensora pública de oficio, aun cuando tenía a uno particular, el cual no fue citado.
El análisis del organismo garante de las garantías individuales arrojó que hubo violación al derecho humano a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y al trato digno, por actos de tortura.
Sosa Álvarez ya cumple la pena por homicidio en contra de la joven de 19 años y que tenía cuatro meses de embarazo, pero aún sigue el proceso por desaparición forzada cometida por particulares.