La CDH emitió una recomendación a la SSP y la FGE tras los señalamientos de actos de tortura hacía José María Álvarez Sosa, pareja sentimental de Paulina Camargo Limón, quien fue a declarar en agosto de 2015, luego de que la joven fue reportada como desaparecida.
Esto, de acuerdo con el expediente 3793/2017 el cual fue integrado a petición de uno de los familiares de “Chema”, como se le conocía, así como por notas periodísticas en las que se publicó que la declaración que dio ante los agentes ministeriales fue bajo tortura.
Ante esta situación, el Comisión de Derechos Humanos (CDH) envió un visitador adjunto para entrevistarse con el detenido, quien le narró que cuando estuvo en las instalaciones de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE), el 29 de agosto, por la noche entró una persona del sexo masculino quien le pidió que se sentara y le dio de cachetadas en la sien.
Después de ello, otros cinco lo interrogaron, amenazaron con que a su hermano le harían lo mismo, le hicieron que se quitara la ropa, le cruzaron los brazos por detrás y se los vendaron, acostándolo en una cama, lo tomaron de las piernas y se las vendaron a la altura de las rodillas, le colocaron una bolsa negra en la cara para que dijera lo que ellos le pedían.
Posteriormente, el detenido narró que lo esposaron y subieron a la batea de una camioneta con la cabeza cubierta, lo llevaron hacia la Unidad Habitacional de La Margarita en donde lo obligaron a decir que en un contender de basura había tirado el cuerpo de Camargo Limón y que les señalara cual.
Derivado de esto, el organismo autónomo acreditó que, a Álvarez Sosa mientras estuvo detenido, le infirieron malos tratos que le provocaron signos y secuelas psicológicas, le tomaron su declaración con asistencia de una defensora pública de oficio, aun cuando tenía a uno particular, el cual no fue citado.
Tras este análisis que hizo la CDH, arrojó que hubo violación al derecho humano a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y al trato digno, por actos de tortura, por lo que emitió la recomendación 22/2020 para la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Emite recomendación a FGE y SSP
Ante esto, al titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, y al de la SSP, Raciel López Salazar, que se proporcione la atención integral al afectado que le permita superar las secuelas provocadas con motivo de los hechos, se integre una carpeta de investigación contra los elementos involucrados.
Así como se instruya a los servidores públicos que se sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, que el personal sea capacitado en materia de respeto y protección de los derechos humanos, y a través del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía se inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de los responsables.
Es necesario mencionar que el 25 de agosto de 2015 se dio a conocer la desaparición de Paulina Camargo Limón, quien tenía cuatro meses de embarazo, siendo señalado José María Sosa Álvarez, la última persona con quien tuvo contacto, ya que era su pareja sentimental.
Durante estos 5 años la joven no ha sido localizada, sin embargo, la FGE acusó a “Chema” por el delito de homicidio, por lo que le dieron una sentencia de 16 años y seis meses, aunque fue impugnada por considerar que tuvo que haber sido mayor, además de que tiene aún vigente un proceso en contra por desaparición.
Apenas en noviembre pasado, familiares de José María Sosa presentaron una denuncia por supuestos actos de corrupción en el caso en contra de diez exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Antonio Gali Fayad y el exfiscal Víctor Carrancá Bourget.
