Académicos y activistas están en contra de que se pida el certificado de vacunación de Covid-19 en Puebla al considerar que ello fomenta la discriminación, pues sería autoritaria además de que hay personas que no pueden acceder a las tecnologías.
Esta regulación tiene como objetivo, de acuerdo con el titular del Ejecutivo estatal Miguel Barbosa Huerta, promover la vacunación entre la gente y proteger a las que ya lo hicieron, sin embargo, ha sido controvertida desde que se anunció, generando opiniones diversas por parte de la sociedad poblana.
De acuerdo con Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla, la medida es discriminatoria, pues marca diferencias entre las personas que pueden acceder o no a cierto lugar.
Agregó que va en contra de los derechos humanos así como del artículo 1, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas“, se lee en dicho artículo.
Consideró que la medida es “autoritaria” e impuesta por aquellos que tienen las facultades, ya que, aunque puede funcionar en varias partes del mundo, esto no implica que promueva lo anteriormente señalado, así como, comentó, “no tiene un sustento científico o jurídico” riguroso, provocando que, cuando se emita, la gente comience a promover amparos.
A favor de acciones más democráticas
En su lugar, dijo que las autoridades deben impulsar políticas públicas que generen conciencia entre las personas, a través de los medios de comunicación que informen sobre la importancia de la vacunación, logrando así, acciones más democráticas.
Por su parte, la activista Elizabeth Camargo Cervantes, del Colectivo Hermanos Serdán, coincidió en que la medida es discriminatoria, por el hecho de que hay personas, como las de la tercera edad, que viven en zonas alejadas y no pueden acceder a las tecnologías para obtener su certificado de vacunación.
“Con esto se genera discriminación, porque no todas las personas tienen acceso a las tecnologías, a los dispositivos inteligentes, como para bajar de internet su comprobante, he conocido a personas mayores que ni siquiera pueden vacunarse porque no tienen a su alcance los medios de comunicación que les informen cuando deben de hacerlo“, explicó.
IP lo aprueba
En cambio, quienes se dijeron a favor fueron los líderes de las cámaras empresariales de Puebla como Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, quien afirmó que pedir el certificado beneficiará a la sociedad, permitiendo que no se vuelvan a cerrar las actividades económicas.
“Hay gente que ha vivido está crisis sanitaria de una manera crítica que seguro no quiere volver a vivir con el cierre de los negocios, son medidas que hay que hacer más firmes para seguir adelante. No va a perjudicar en nada, al contrario, yo creo que va a beneficiar en el tema que ya no se van a cerrar las actividades“, indicó.
El director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés De La Luz Espinoza, refirió que esta acción incentivará a las demás personas a vacunarse, pero deberá de ser importante analizar cómo se llevará a cabo cuando se decrete.
Por su parte, Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla, no se mostró a favor ni en contra, aunque consideró que hay restauranteros a los que no les agradó la idea.
Y es que, señaló que la decisión también fomentaría la corrupción entre los que no tengan su certificado al momento de ingresar a un restaurante por cualquier motivo, sin embargo, se dijo dispuesta a implementarla al llegar a ser obligatoria.
Es de mencionar que este medio también buscó las opiniones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga estatal, CDH, sin obtener respuesta; incluso, este jueves, tras una conferencia de prensa, Ángulo 7 se acercó con al ombudsperson poblano, Félix Cerezo Vélez, pero se fue diciendo “que no tenía tiempo”.
El pasado 19 de noviembre, Barbosa Huerta confirmó que pronto emitirá dicho decreto para regular el acceso a lugares públicos cerrados en el estado de Puebla, subrayando que su administración será cuidadosa con esta medida.
R: DJ
