A más de dos años de que se dio a conocer que el juez José Refugio Alejandro León Flores ejercía con título y cédula falsos, la FGE lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas; participó en al menos 34 casos de perseguidos políticos.
Este 2 de agosto, la FGE dio a conocer que logró la vinculación a proceso del León Flores, por ejercer funciones propias del cargo de Juez de Primera Instancia y como titular del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula. Además, el 19 de enero de 2018 resolvió un incidente para la exclusión de pruebas de una causa penal respecto al delito de homicidio calificado sin contar con el requisito previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, ante lo cual la Fiscalía de Combate a la Corrupción expuso datos de prueba para obtener el recurso.
Como medidas cautelares, se le aplicó una garantía económica por 20 mil pesos, la firma periódica y la prohibición de salir del país.
Fue en junio de 2019, cuando una investigación de Lado B dio a conocer que el juez de Cholula ejerció con documentos falsos durante 30 años, pues obtuvo su título hasta septiembre de 2018, ya con una larga trayectoria de tres décadas.
Omisión y deficiencias
Mientras que, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, se encargó de dictaminar “casos emblemáticos” en la entidad, tanto políticos, como de violencia de género, lo que demostró su omisión y deficiencias en las revisiones de tribunales federales. Además, tuvo participación en al menos 34 casos de perseguidos políticos durante el sexenio del ahora fallecido.
Para febrero de 2020, León Flores fue separado de su cargo por orden del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, además de dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la comisión de presuntos delitos durante su ejercicio.
Sin embargo, para noviembre de ese año, el Juzgado Cuarto de Distrito amparó al supuesto juez y ordenó su restitución, así como detener la investigación en su contra que la FGE había iniciado por falsificación de documentos, pues era necesario verificar la prescripción del delito.
Mientras duraba el nuevo análisis, León Flores debía regresar a su cargo, además de que se le tenía que pagar el salario que no había percibido durante ese tiempo, lo cual fue impugnado por el TSJ.
