Debido a un fallo judicial, Luis Ernesto Derbez Bautista, quien se asume como el rector de la Udlap, señaló que el nuevo patronato no es legal y que deberán regresar las instalaciones y las cuentas bancarias a quienes venían manejando la institución.
A través de una conferencia virtual, explicó que el Consejo de la Judicatura federal ordenó la destitución inmediata de los autodenominados patrones, debido a que no procede el fallo de un juez de la Ciudad de México, correspondiente a 15 medidas cautelares, lo que llevó a que, el 29 de junio, policías estatales ingresaran al campus en apoyo a los que se dijeron que conformaban el nuevo patronato.
Por lo anterior, Derbez Bautista afirmó que el nombramiento de Armando Ríos Piter, como rector, es ilegal porque el instrumento que se utilizó para esa acción no está dentro de los estatutos de la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap).
Reiteró que quienes integran el nuevo patronato no pueden negarse a cumplir la orden judicial, por lo que confió en que lo hagan sin incurrir en actos de violencia.
No se afectarán las acreditaciones
Pese al conflicto, dijo que la reputación de la universidad no está en peligro, ya que se están trabajando en documentos que enviarán a instituciones internacionales con el fin de explicar los hechos ocurridos y no afectar las acreditaciones.
Aclaró que el pago de la reciente nómina fue con dinero de las cuentas bancarias de la institución, dejando en claro que, desde ahora, a ellos les corresponde manejarlas para pagar las deudas que están pendientes con proveedores.
Asimismo, aseguró que en el campus ya no están los agentes estatales, sino que está presente una “combinación” de la policía auxiliar y un grupo de seguridad que fue contratado.
Finalmente, en cuanto al regreso a clases en agosto, señaló que está confirmado en su modelo híbrido (virtual y presencial) si las medidas sanitarias de Covid-19 lo permiten.
Cabe señalar que Ríos Piter fue nombrado rector por el nuevo patronato en sustitución de Ernesto Derbez, señalado de hacer uso de empresas fantasmas, como producto de una pelea legal entre miembros de la familia Jenkis por el supuesto desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins, benefactora de la Udlap.
