Desde hace ocho años, con la rectoría de Alfonso Esparza Ortiz, en la BUAP suman al menos 500 casos de despidos injustificados, de los que 80 por ciento se ha ganado; afectados acusaron que se trata de una política de acoso que usa la universidad.
Abogados que llevan los casos indicaron, en entrevista con Ángulo 7, que en los últimos cuatro años han ganado 400, mientras que hay 100 en proceso.
Indicaron que, sin más, los trabajadores (90 por ciento administrativos y 10 por ciento de académicos) son notificados de que se prescindirá de sus servicios sin otro argumento, violando los derechos laborales.
Para los litigantes y los propios afectados, quienes también fueron entrevistados por este medio y que prefirieron no dar nombres por temor a represalias, son cesados como un “castigo” por ir en contra de la actual rectoría, por no ceder a insinuaciones (acoso laboral) y porque la universidad prefiere no jubilarlos, pues muchos de ellos llevan 20 años en la institución, cuando el mínimo requerido para retirarse es de 25.
Respecto al primer caso, sostuvieron que tras las elecciones del Sindicato Independiente de Trabajadores no Académicos de la BUAP (Sitbuap) en 2019, hubo quienes se inconformaron, disidencia que les valió ser despedidos.
No dejarse acosar, motivo para cesarlas
También resaltaron los casos de administrativas y académicas que fueron hostigadas por superiores, a quienes frenaron sus insinuaciones, motivo suficiente para ser cesadas.
Además, los afectados ven un sistemático despido en quienes llevan hasta 20 años, con el fin de que la BUAP no “gaste” en las jubilaciones “por austeridad”, que no aplica Esparza Ortiz en reducir su salario ni los de otros altos burócratas, cuyo ingreso anual es de hasta 1.3 millones de pesos, es decir, 63 por ciento más que un investigador nivel C.
Al preguntarles el porqué la universidad sigue despidiendo como medida de represión, aunque pierda los juicios, consideraron que se debe a que lo que busca la institución es “castigarlos” de algún modo, pues si bien el laudo obliga a la BUAP a dar los salarios caídos, el hecho es que durante el tiempo que dura el proceso, los trabajadores se quedan sin entrada.
Tras lamentar que sus casos terminen por resolverse con abogados privados, ya que no encuentran defensa en la Dirección de Derechos Universitarios, los afectados pidieron que quien suceda a Esparza Ortiz el 4 de octubre, cuando rendirá protesta, que vele por los intereses de los trabajadores y se les haga justicia.