Tras la reforma energética, del total de contratos otorgados para la generación eléctrica, 91.2 por ciento fue para privados y sólo el 8.2 para CFE, que tuvo pérdidas de 7 mil 820 millones de pesos en 2018, pues se le obligó a “trabajar” para sus competidores.
Lo anterior de acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2019-2033 en su capítulo tercero, donde se señala que fueron un total mil 353 contratos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de los cuales sólo el 8.2 por ciento (165) fue para la empresa productiva del estado y el resto (1188), para privados.
Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo pérdidas de 7 mil 820 millones de pesos en 2018, ya que fue obligada a crear una filial para realizar el trabajo operativo y administrativo de sus competidores, principalmente empresas transnacionales.
Estos datos demuestran la existencia de un proceso de privatización, el cual busca ser, en parte, revertido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 1 de febrero envió al Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
En la exposición de motivos del proyecto, se destaca que el proceso en el que se le ha dado prioridad a privados sobre empresas públicas inició hace 30 años, con las modificaciones a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 1992, con el fin de que particulares realizaran actividades de generación de electricidad, únicamente para autoabastecerse.
Sin embargo, indica, fue en 2013 con la reforma energética, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se avaló la expedición de permisos para empresas que tienen como fin vender y no consumir, lo que creó un mercado alterno en el sector.
Empresas se hacen pasar por socios
Este esquema es uno de los puntos más criticados por López Obrador, pues se permite que quienes compran electricidad a privados, en su mayoría grandes empresas como Wal-Mart, Kimberly Clark y Femsa, se hagan pasar como “socios”, cuando en realidad son sus clientes, con lo que pagan un costo muy bajo por la energía.
Precisamente, en el Proseden se señala que alrededor de 303 centrales a las que se les autorizó autoabastecerse, despachan energía a 70 mil 318 supuestos “socios”, algunos de los cuales tienen un capital mínimo de un dólar, utilizando toda la infraestructura de CFE.
Es de destacar que las principales generadoras de electricidad que incurren en dicha práctica son aquellas de “energías limpias”, eólica o solar, como Iberdrola, española y señalada en casos de corrupción, así como Enel Energía y American Light and Power.
Para resarcir la “privatización”, López Obrador planteó que el sistema eléctrico nacional sea “alimentado” dando prioridad a las hidroeléctricas y otras plantas de la CFE, en tercer lugar a las empresas de energía eólica y solar, mientras que en último término a las de ciclo combinado.
Propuesta busca que tarifas no aumenten
La propuesta del presidente busca que las tarifas de energía eléctrica no aumenten, para “garantizar la seguridad energética” del país, pues en el Proseden se indica que de 2016 a 2017 los precios de la electricidad subieron 17 por ciento.
Asimismo, el documento señala que el esquema tarifario impuesto por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no toma en cuenta los costos de producción ni las utilidades de CFE.
Por ejemplo, en 2018, los costos totales de generación de la empresa productiva del estado ascendieron a 358 mil 872 millones de pesos, pero la CRE sólo reconoció 313 mil 300 millones de pesos, con los cuales se fijaron las tarifas; es decir, se perdieron 45 mil 572 millones de pesos.
Cabe mencionar que, apenas dos días después de que se publicó la propuesta de reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que con ella se beneficia “indebidamente” a la CFE, mientras que la American Chamber México (cámara empresarial estadounidense) señaló que se trata de un retroceso en la competitividad y el desarrollo sustentable.
