La Comisión Inspectora del Congreso local se extralimitó al ordenar a la ASE que revise si la labor de los integrantes del CPC coincide con el salario que perciben, pues eso carece de conocimiento, ya que los informes sobre lo que se hace se encuentran públicos en su página.
Así lo señaló, en entrevista, Alejandro Guillen Reyes, del Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), quien manifestó que si la diputada Olga Lucia Romero Garcicrespo, presidenta de dicha comisión, conociera la ley sabría que cada año deben presentar un plan de trabajo, así como un informe anual de sus actividades que entregan a los tres poderes estatales.
Al calificar de calumnias las declaraciones de la morenista, comentó que van esperar a que se publique el acuerdo que se aprobó el pasado miércoles por parte de los diputados, a fin de conocerlo a detalle y analizar si podrían emprender alguna acción jurídica, en caso de que así lo consideren.
Lo anterior, porque sostuvo que todos los documentos, minutas de trabajo, pronunciamientos, acciones y honorarios relacionados con sus atribuciones legales son públicas y se encuentran a disposición de la ciudadanía en la página oficial del CPC, la cual –dijo– es financiada con sus propios recursos.
“Si la diputada se dio a la tarea de analizar todo ese trabajo que se ha hecho, su afirmación de que nuestros resultados han sido mínimos o nulos es una falsedad; si no hemos logrado más es porque el gobierno del estado no ha tenido la voluntad de dialogar y trabajar con nosotros en el combate a la corrupción”, pronunció.
Esto igual fue respaldado por los otros integrantes del CPC, María del Carmen Leyva Báthory, que es la presidenta; Francisco Javier Mariscal Magdaleno y Eira Zago Castro, quienes en un comunicado conjunto señalaron que las afirmaciones de la legisladora no pasan “ni la más mínima” objetividad.
Son calumnias que se sembraron, dicen
Guillen Reyes reiteró nuevamente no ganan 120 mil pesos mensuales y que tengan los sueldos más altos de toda la administración pública estatal, pues con eso solo están difamando la figura del CPC, y lo hacen para “seguirle el juego” al gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Aseveró que los honorarios son de 104 mil pesos menos impuestos, por lo que se quedan con alrededor de 70 mil pesos, pero que a principios de año hubo un recorte a 30 mil pesos propiciada por la Secretaría de la Función Pública, por lo que dicha situación se está resolviendo en tribunales.
“Son calumnias que se sembraron y que hoy la gente desinformada o mal informada repite sin pudor, quienes afirman conocer sobre nuestras aportaciones es porque poco o nada están interesados en el combate a la corrupción. Lo que hemos hecho en estos tres años es público, sólo hay que utilizar un buscador de internet y encontrarlo en la página”, asentó.
En el comunicado los integrantes del CPC también manifestaron que, ante la negativa de los diputados de no tener un diálogo con ellos, “se informen” de lo que es el comité y cuál es su papel en el SEA, ya que esto ha propiciado que aún no se pueda llevar a cabo la selección del integrante que falta ande la salida de Daniel Alejandro Valdés Amaro, quien dejó el cargo en noviembre pasado.
