Pese a que un juez dio la razón definitiva de un amparo y dos de manera provisión contra el recorte del 71 por ciento a tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, la Secretaría Ejecutiva se ha negado a pagarles, desacatando la orden judicial.
Así lo señaló, en entrevista, Daniel Alejandro Valdés Amaro, presidente del CPC, quien resaltó que se otorgó la suspensión definitiva a Eira Zago Castro, mientras que a José Alejandro Guillen Reyes y María del Carmen Leyva Báthory, de manera provisional, por lo que a los tres ya les tuvieron que haber pagado.
Aseveró que si tramitaron dicho recurso fue porque la determinación de bajarles lo que ganan fue una decisión “ilegal y unilateral”, pues sólo les argumentaron que se basaron en “la austeridad republicana”.
Manifestó que debido a este amparo, ninguno de los cinco integrantes ha recibido sus honorarios desde enero, por lo que han estado trabajando con los recursos que tenían ahorrados, ya que no aceptaron firmar el contrato que en su momento les ofreció la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Acusó que la decisión se tomó sin analizar para qué se utiliza dicho recurso, ya que ellos no son funcionarios de gobierno ni reciben un salario como lo hacen los servidores públicos, además de que no perciben prestaciones ni aguinaldo a fin de año.
Recordó que el recorte de 71 por ciento equivale a que reciban al mes 35 mil pesos, cuando hasta diciembre de 2019 percibían 104 mil pesos, recursos de los que deben pagar sus traslados a reuniones y demás gastos para desempeñar su función.
Conflicto empezó por un capricho, señala
“El órgano de gobierno integrado por el Consejo de la Judicatura, la Auditoría, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Itaipue, el Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscalía Anticorrupción decidió recortarnos los salarios a propuesta de la Secretaría de la Función Pública”, pronunció.
Refirió que, si bien se han resuelto apenas uno de los cinco amparos, debido a que cada uno se tramitó de manera individual, esto no es pretexto para que no les regresen de forma íntegra los honorarios a Zago Castro –a quien el juez ya le dio la razón– desde enero de este año, aunque recalcó que a Leyva Báthory y Guillén Reyes también tendrían ya que tener sus honorarios, porque la autoridad determinó darles la razón momentáneamente, mientras concluyen sus procesos.
Consideró que si el pago no se ha concretado es porque varios de los integrantes del SEA “tienen miedo de que los quiten” de sus cargos por la confrontación que se ha dado con el gobierno estatal y, ante esto, “solo les queda obedecer”.
“A los dos que ya ganaron es para que ya les hubieran pagado y no lo han hecho, incluso ya les dijeron que si no lo hacen los pueden sancionar o inhabilitar, pero no hacen caso, esto empezó por un capricho de una persona, no es posible que por esta situación se haya generado tanto conflicto”, expresó.
Valdés Amaro afirmó que en su calidad de presidente del CPC mandó un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídico de la Secretaría Ejecutiva del SEA para que efectué los pagos sin tener una respuesta positiva, ya que están “obedeciendo” a la SFP.
Indicó que el otro integrante, además de él, que está esperando que se resuelva su amparo es Francisco Javier Mariscal Magdaleno, de quienes no hay fecha para que dichos recursos sean concluidos.
