Entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, el gobierno de Puebla fue una de las nueve autoridades con quejas laborales relacionadas a la falta de medidas de prevención por el Covid-19 y por la negativa al resguardo domiciliario de algún empleado por la pandemia.
El gobierno poblano figuró en la lista de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) junto con los gobiernos de Zacatecas y la Ciudad de México, cada uno registró una querella, sin embargo, el reporte no indicó el motivo preciso por el que fueron señaladas estas autoridades.
En la lista también estuvieron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Petróleos Mexicanos (Pemex), Liconsa y las Oficinas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadpris).
En el Reporte semanal de acciones de defensa de los derechos humanos 21-2020 de la CNDH, el Issste y el IMSS tuvieron el mayor número de reportes con cinco y tres, respectivamente.
A nivel nacional, la cifra de querellas relativas al Covid-19 en centros de trabajo, en el periodo analizado por el órgano autónomo, fue de ocho correspondientes a falta de medidas de prevención y siete por la negativa a resguardo domiciliario.
La CNDH señaló que las autoridades laborales tienen que enfocar esfuerzos en la difusión y alcance de las medidas de protección desde la exposición hasta la infección, es decir, contar con las debidas precauciones en todo espacio y acceso en los que se desempeñan las actividades en general que incluya desde la desinfección hasta detección oportuna de casos.
Cabe mencionar que este 25 de septiembre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que la Federación podría colocar a Puebla en semáforo epidemiológico amarillo, sin embargo, pidió no bajar la guardia para no caer en el rebrote de la enfermedad.
