Sobornos, quebranto al erario, fraude electoral y violaciones a los derechos humanos son algunos de los presuntos delitos de los que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a cinco de sus predecesores, por lo que pidió al Senado que apruebe una consulta popular para llevarlos a juicio.
Lo anterior, a través de una carta, dirigida a los senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y firmada por él este viernes 15 de septiembre durante su conferencia de prensa matutina.
De acuerdo con el documento, el presidente plantea que el referéndum se realice en todo el país el mismo día de la jornada electoral, 6 de junio de 2021, “o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución”, a fin hacer la siguiente pregunta “al pueblo de México”.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, es la pregunta propuesta por el mandatario.
López Obrador sostiene que los “desastres del periodo neoliberal”, que él encuadra de 1988 a 2018, como la “desigualdad social” y la “violencia sin control”, resultaron de “actos voluntarios y racionales” por parte de dichos gobernantes. Al único que no menciona es a Luis Echeverría Álvarez, quien ocupó la Presidencia de 1970 a 1976.
Una vez que llegue al Senado, la solicitud deberá ser turnada a la Comisión de Gobernación, que se encargará de dictaminarla y someterla al pleno, donde será votada y, en su caso, aprobada por mayoría absoluta. De ser así, sería enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta.
López Obrador envió esta carta luego de que Morena no colectó, antes de este 15 de septiembre, el millón y medio de firmas necesarias para realizar la solicitud ciudadana de consulta. Esta hubiera ido directo a la SCJN.
En el Senado, Morena y sus aliados también alistan una solicitud de consulta que, a decir de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los morenistas, podría correr al mismo tiempo que la presidencial.
¿Cuales son los motivos para la consulta?
En 16 puntos, López Obrador expuso los motivos que lo llevaron a pedir la consulta para someter a juicio a los expresidentes. A continuación los reproducimos de manera íntegra:
Primero. Entre el 1º de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa gráfica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.
Segundo. Los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.
Las más altas esferas del poder público y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes.
En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.
Tercero. El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas; en decenas de miles de desapariciones; en la conculcación de derechos políticos y sociales; en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social; en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación; en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores; en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas; en un pronunciado deterioro de las instituciones; en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves.
Cuarto. La desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fue en el sexenio de Carlos de Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que, al mismo tiempo, se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos.
Un dato. En julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, sólo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado, en 1988, en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, sólo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.
Quinto. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.
Sexto. Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social del alcanzar la democracia y la alternancia; sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición.
Tal intromisión no sólo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo, admitió, cito, ‘que era importante detener a López Obrador’ y en 2010 se jactó, cito, ‘de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.
Séptimo. Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México.
Lo más grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la detección y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.
Octavo. La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevará al Tribunal Electoral a anular la elección, como en ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos.
Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht.
Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada Reforma Energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares.
Noveno. Los hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad; con adulteración de disposiciones legales; con las componendas de los partidos subordinados al régimen; con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de información, nacionales y extranjeros; con acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes.
Décimo. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo.
No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional -en curso de modificación- para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones o como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían cometido o habrían podido cometer en el ejercicio de la presidencia.
Undécimo. El país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes en las que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto.
En mi calidad de presidente de la República considero necesario avanzar en el discernimiento de este punto sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.
Duodécimo. Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos exfuncionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco expresidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que, por su proyección histórica y sus implicaciones políticas, amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa.
Es pertinente señalar que no es esta la primera ocasión en la que promuevo tales ejercicios. Se han realizado con respecto a la construcción del aeropuerto en Texcoco, la planta eléctrica de Huexca, Morelos, la cervecera de Mexicali y el Tren Maya, y he promovido la inclusión en la carta magna de las consultas regulares de revocación de mandato.
Décimo tercero. En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la presidencia, propuse la realización de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre este delicado asunto.
Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta el pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales.
En lo personal, reafirmo la postura que he sostenido siempre sobre este tema en el sentido de que, en el terreno de la justicia, se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.
He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso; sin embargo, de realizarse la consulta respetaré el fallo popular sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie, porque, como le he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza.
Décimo cuarto. El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de los expresidentes es, en sí mismo, un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales; una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra Constitución Política.
Décimo quinto. La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral III, fracción 8ª del artículo 35 constitucional en el sentido, cito textualmente de que ‘no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección.
No es así por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal, claro, un asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso; por el contrario, la consulta popular pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos públicos estipulado en el artículo 25 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Décimo sexto. El tema que motiva la presente petición de consulta popular repercute en todo el territorio nacional e involucra al conjunto de la población en términos del artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, al estar involucrados sus intereses e instituciones, y dado que los hechos que la originan revisten por sí mismos una importancia y gravedad tal que es preciso someterlos a este mecanismo de participación ciudadana.
En consecuencia y en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular propongo la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
