Los dos Centros de Salud de Servicios Ampliados (Cessa) de San Felipe Hueyotlipan y San Francisco Totimehuacán, destinados para dar rehabilitación pulmonar a pacientes que ya se curaron de Covid-19, están atendiendo a 54 personas -diez al día-.
Así lo informó, en rueda de prensa este jueves, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, quien recordó que, si bien estos pacientes se dieron de alta tras haber sido contagiados y cumplir con la vigilancia epidemiológica, la enfermedad deja secuelas, siendo una de ellas afectaciones a los pulmones
“Son dos Cessas los que se habilitaron para la rehabilitación de las secuelas, los pacientes son los que en su momento superaron la enfermedad y se les dio de alta, por lo que ahora lo que estamos haciendo es dando seguimiento en este proceso”, pronunció.
Caso de menor Yaz
En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comento que fue trasladada la menor Yaz del IMSS de La Margarita, al Hospital del Niño Poblano, donde actualmente se encuentra mejor de salud, por lo que ya salió de la crisis en que se encontraba
Refirió que se está investigando “todo lo que vivió la niña” antes de que se diera conocer su caso y de que fuera internada en el nosocomio, por lo que su gobierno buscará que se haga justicia desde las instancias encargadas de defender a menores de edad.
Al ser cuestionado sobre si se podrían aumentar las penas, ya que actualmente es de 8 años contra padres o cualquier familiar que violente a niños, el mandatario poblano manifestó que esto no se va a resolver la incidencia del delito.
Sin embargo, dijo estar a favor de que se eleven las sanciones en este tipo de hechos, siempre y cuando lleven a que se disminuya la comisión de estas acciones, ya que de nada serviría que se den más años si se mantiene los casos.
DIF ha actuado ante violencia contra menores
“La penalidad ya fue revisada recientemente y son altas, pero no porque sean penas altas hay disminución del delito, son solamente para captar la simpatía de la gente, pero no descarto la posibilidad no aumentar las penas para cualquier delito”.
Y es que, puso de ejemplo, ha habido casos como en secuestro que a los responsables les dan hasta 150 años de prisión, pero eso no ha ayudado a inhibir este delito, pues se siguen registrando cifras tanto a nivel estatal como nacional.
En ese tenor sin dar un número concreto, Barbosa Huerta comentó que se han dado otros hechos de violencia contra menores en los que el DIF estatal ha intervenido y en algunos de ellos se ha actuado contra los propios padres que son los involucrados.
