A 2 años de la desaparición del activista Sergio Rivera Hernández, opositor a la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, integrantes del MAIZ alertaron que el juzgado que lleva el caso pudiera dejar libres a los tres detenidos, pues la minera Autlán estaría atrás de ello.
Así lo señaló, en entrevista, Omar Esparza Zarate, vocero del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), quien indicó que las tres personas que ya están vinculadas a proceso tendrán su audiencia por el delito de desaparición forzada, el próximo 3 de septiembre.
Sin embargo, acusó que el juez Mario Cortez Aldama, quien lleva el caso en la Casa de Justicia de Tehuacán, “en todo momento” ha mostrado actitudes racistas y discriminatorias, además de minimizar a los testigos, lo que muestra un cierto favoritismo hacia los detenidos.
Refirió que la audiencia ya ha sido diferida en diversas ocasiones debido a que el juez argumento que no había las condiciones para efectuarla, pero para esta ocasión no podrá hacerlo, por lo que deberá llevarse a cabo el siguiente jueves a partir de las 10 de la mañana.
“Esto se ha dado porque los compañeros no hablan al 100 por ciento el español, hablan náhuatl, lo que nosotros vemos es que se quiere desacreditar las pruebas que hay, pues todo lo que ha hecho la defensa es para que se dé una sentencia contra los responsables”, pronunció.
Manifestó que detrás de esta situación podría estar la minera Autlán, que es la que buscaba desarrollar el proyecto hidroeléctrico en el municipio de San Pablo Zoquitlán, en la región de la Sierra Negra, ya que los ahora detenidos eran sus trabajadores y ante esto podría haber dinero de por medio con la autoridad judicial para que no sean sentenciados.
Sin embargo, sostuvo que no permitirán que se deje en libertad a los detenidos, a dos años de los hechos, pues “está más que probado” que son los principales involucrados en la desaparición de Rivera Hernández, el pasado 24 de agosto de 2018 cuando se dirigía a su casa.
Habría más implicados en el caso
Recordó que previó que se diera a conocer su no localización, había denuncia en dos ocasiones de agresiones hacia su persona por oponerse a dicho proyecto hidroeléctrico, ya que no solo generaría afectaciones ecológicas a Zoquitlán, sino también a Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz.
No obstante, manifestó que podría haber otros relacionados con la desaparición de su compañero, aunque las investigaciones “no dieron para más ordenes de aprehensión”, por lo que en caso de que el juez de una sentencia a favor de los tres detenidos la impugnarán.
Esparza Zarate hizo hincapié que el proceso que se sigue en contra de los tres imputados por la vía judicial, debe diferenciarse de la labor que tendría que estar haciendo el gobierno del estado para encontrar con vida a Rivera Hernández.
“Hemos insistió en la urgencia de la búsqueda, más allá de la definición que tenga el juez, principalmente por el perfil de defensor que él tenía, porque estamos viendo toda esta ausencia de autoridades derivado de este problema de salud que se tiene por el Covid-19”, expresó.
Manifestó que este hecho igual fue llevado en meses pasados a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas por la función que tenía como activista, misma que abrió un expediente y se mantiene en diálogo constante, por lo que confían que en los siguientes días “les den una ruta” que pudiera llevar a su localización.
