El regidor José Luis González Acosta, miembro del G5, acusó “bloqueo” del ayuntamiento para sesionar la Comisión de Desarrollo Económico, en la que pediría informes sobre la entrega de apoyos relacionados al Covid-19; el choque avivó la pugna entre ambos grupos.
Lo anterior, de acuerdo con González Acosta, quien preside la comisión y aseveró que este lunes tenían agendada una sesión extraordinaria para que la titular de Desarrollo Económico municipal, Carmen Mireya Calderón González, rindiera un informe sobre la entrega de apoyos por Covid-19 y del plan de redirección presupuestal.
En un documento, la secretaría de Administración, presidida por Liza Aceves López –quien pertenece al bloque de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco— giró el 14 de agosto un documento donde el síndico, Gonzalo Castillo Pérez, rechazaba dicha reunión, bajo el argumento de que solo se puede sesionar por temas directos de Covid-19 o situaciones que no puedan aplazarse, conforme a lo establecido el 17 de abril, por la contingencia sanitaria.
González Acosta señaló que es se trata de un “bloqueo” directo de los funcionarios afines a la edil pues “nos queda claro que la intervención se da de esta forma, debido a que no se tiene un plan real de reactivación económica, más allá de los 500 millones de pesos”.
Subrayó que el “Análisis de Especialización Productiva para el Municipio de Puebla” –presentado por especialistas de la UNAM— no daba aportaciones significativas “para generar una reactivación económica”, motivo por el que pidieron el informe de la titular.
También, que en la reunión estarían presentes José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCHH); Olga Méndez Juárez, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); representantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammje), entre otras organizaciones.
Comuna, con pugna interna y externa
Esto, en un marco donde se ha avivado una pugna entre los integrantes del G5 –al que pertenece Acosta González— y la administración que encabeza Rivera Vivanco, junto a los regidores de la coalición Juntos Haremos Historia que la respaldan, que se endurecieron cuando la alcaldesa aseguró que dos regidores, supuestamente del G5, habrían pedido 3 millones de pesos como extorsión para votar a favor de la redirección presupuestal.
Ante dichas aseveraciones el ya mencionado bloque opositor exigió a la edil presentar los nombres de los señalados, lo cual, a la fecha, Rivera Vivanco no ha realizado por “ética”, mientras que el último golpe ocurrió en la pasada sesión de Cabildo, cuando la regidora del G5, Libertad Aguirre Junco, fue sustituida de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, por Ángel Rivera Ortega, uno de los regidores afines a la munícipe, acción que fue calificada como una “imposición” para generar una “comisión a modo”, luego de que en dos ocasiones consecutivas se rechazaron los estados financieros de la Comuna.
Cabe resaltar que, además de dichas tensiones internas, la administración municipal mantiene otra pugna con el gobernador estatal, Miguel Barbosa Huerta, luego de que alcaldesa se negó a sustituir a Lourdes Rosales Martínez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SS), como ordenó la cabeza del Ejecutivo, lo que provocó diversas diferencias entre ambos niveles de gobierno, que se materializaron en denuncias por violencia política de género, supuestamente cometida por el mandatario.