Entre pleitos y la acusación de la edil Claudia Rivera Vivanco de intentar comprar voluntades, el Cabildo de Puebla aprobó con 12 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, la redirección presupuestal de 500 millones de pesos, para obras públicas y apoyos contra el Covid-19.
En sesión extraordinaria de Cabildo, quienes votaron en contra fueron los regidores del grupo opositor de G5, del Movimiento de Regeneración Nacional, mientras que en abstención, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco expuso que de dicho monto, 400 millones de pesos serán para obra pública, con el objetivo de que el circulante permita obtener mayores empleos y denote la economía local, toda vez que “no es una reingenieria a todo el presupuesto, sino una estrategia de redirección a los recursos no esenciales”.
No obstante, la panista Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández opuso que el presupuesto debió reorientarse en abril, durante los primeros meses de la pandemia por Covid-19, toda vez que mostró desconfianza en que “sepa” manejar los recursos.
Rivera acusa extorsión
La priista Silvia Guillermina Tanús Osorio dudó que la Secretaría de Infraestructura pueda ejecutar los programas planteados para el nuevo presupuesto, ya que faltan cuatro meses para que termine el año, lo que –en palabras de su homólogo Enrique Guevara Montiel— podría generar un subejercicio.
En tanto, Rosa Márquez Cabrera de Morena criticó que durante las reuniones y mesas de trabajo para abordar el tema, no se dio información detallada sobre la estructura del proyecto, pues tanto la Tesorería como el Instituto de Planeación (Implan) municipal se “aventaban la bolita” sobre datos específicos.
Al respecto, Rivera Vivanco mencionó que, algunos regidores, no todos de los que pronunciaron en contra, quisieron extorsionar a la autoridad municipal. “A ellos les digo que, ni aunque busquen a otros regidores intentando comprarlos y ofreciéndoles lo que les ofrecieron, se van a vender. La dignidad no se compra”, acusó.
El pasado 3 de agosto se dio a conocer que los 500 millones de pesos proviene de eventos sociales cancelados por la pandemia de Covid-19; además, del total, 400 irían dirigidos a obras de infraestructura, mientras que los 100 millones restantes serían para programas sociales.
