El Barzón Poblano condenó la detención “violenta y arbitraria” de 13 personas detenidas, entre ellos el luchador social, Eloy Méndez Becerra, fundador de las organizaciones “Amozoc Seguro” y “Agua para Amozoc”.
“Desaprobamos y reprobamos que el gobierno del estado rompió el pacto de civilidad y traicionó a Eloy Méndez, con quien mantenía abierta una mesa de diálogo para trabajar en frenar la inseguridad en el municipio”, indicó en un comunicado de prensa.
Recordó que, la madrugada de este 23 de junio, a las 3:30 horas, policías ministeriales ingresaron a la vivienda Méndez Becerra con lujo de violencia, de donde sustrajeron dinero, documentos y una computadora desde entonces, sus familiares y compañeros de lucha desconocemos su paradero y el de las 12 personas restantes.
Esto, luego de que, el pasado 22 de junio, en rueda de prensa, se mencionó que la policía municipal del ayuntamiento de Mario de la Rosa Romero estaba hostigando a Méndez Becerra, a quien describió como luchador social en la región de Amozoc, donde desde hace más de una década ha luchado por el derecho humano al trabajo, en apoyo a los comerciantes informales y artesanos que fueron desalojados del centro del municipio.
Asimismo, fundó el movimiento “Agua para Amozoc” en el que exige el acceso al agua, al saneamiento y a la red de drenaje para quienes habitan las colonias populares y fraccionamientos que fueron construidos, en confabulación con las autoridades, sin servicios básicos.
Piden a CDH intervenir
Describieron al activista como un personaje incómodo para el edil de la Rosa Romero, expastor de la iglesia de La Luz del Mundo, por denunciar sus nexos con las bandas huachigaseras, el desvío de recursos federales del programa Fortaseg y por evidenciar que más de 50 familiares directos están dentro de la nómina de la Comuna de Amozoc.
El Barzón Poblano responsabilizó al alcalde, emanado de Morena, de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física y psicológica de los compañeros, ante la violación de sus derechos.
Ante esto, demandó al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que intervenga en la liberación inmediata de los activistas detenidos; lo mismo, a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal, le exigió que garantice la integridad de los detenidos.
Finalmente, condenó que se sigan repitiendo las mismas conductas de un gobierno dictatorial y represor que encarceló a más de 360 ciudadanos por el simple hecho de oponerse a su forma de gobierno.
