La puesta en marcha del programa temporal “Hoy No Circula” por el gobierno estatal de Puebla generó que el ayuntamiento de la capital hiciera políticas públicas para limitarlo, mientras que el tema de desapariciones también los confrontó.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que el 11 de mayo arrancaría el Hoy No Circula de manera temporal, para favorecer la disminución de movilidad en la ciudad y reducir, con ello, la posibilidad de contagios de Covid-19.
Al respecto la edil Claudia Rivera Vivanco propuso en el Cabildo del 15 de mayo que el traslado de los vehículos infractores con 15 grúas municipales fuera gratuito en la capital, así como pidió que no hicieran cobros excesivos en los depósitos estatales, lo cual, fue aprobado por unanimidad.
Asimismo, el 3 de junio el ayuntamiento de Puebla anunció el programa “Ciudad en movimiento, ciclovías emergentes”, para habilitar ocho corredores para ciclistas en calles de la capital, con el fin de que ciudadanos cuyo vehículo no circulara, se trasladaran en bicicleta en lugar del uso de transporte público.
Por otro lado, después de que el mandatario hablara del tema de desapariciones, cuyo discurso –aseguró en su rueda de prensa del 10 de junio– fue “malinterpretado”, en la sesión de Cabildo del 11 de mayo, la alcaldesa aseguró que “no podemos permitir que se repliquen expresiones misóginas en donde terminan diciendo que la desaparición de una mujer es porque se fue con el novio, porque no se hace visible y se hacen cómplices”.
Posteriormente, publicó un video en sus redes sociales el día 16 de junio para condenar “cualquier acto que violente” a estas víctimas, agregando que “debemos poner un alto a esta situación, empezando por no minimizar o revictimizar a las mujeres que han padecido de éste lacerante delito”, a lo cual no ha contestado el mandatario.
En marzo iniciaron las diferencias entre ambos niveles de gobierno, como consecuencia de que la edil se negó a reemplazar a la titular de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, por Carla Morales Aguilar, quien era la elegida del mandatario poblano, argumentando que esto significaba una intromisión en la administración municipal.
Pugna por ventiladores en mal estado
Asimismo, uno de los encontronazos más duros ocurrió cuando la Comuna entregó en donación 12 ventiladores que el gobierno estatal había solicitado para pacientes de Covid-19, cuyo costo fue de 16 millones de pesos; no obstante, el 18 de mayo la Secretaría de Salud (SS) estatal tuvo que devolverlos, ya que notó que los equipos eran de segunda mano, además que presentaban condiciones “insalubres” que ponían en riesgo a los contagiados.
Dicha situación despertó comentarios en el gobernador, acerca de que tras aquella “penosa” situación, no volvería a solicitar ningún apoyo a la edil, para ahorrarse la “vergüenza”; puestas las miradas en su administración, ya que en 2019 había ocurrido otra polémica similar en relación a unos uniformes, la Comuna esgrimió que el estado de los aparatos era culpa de la empresa porque ellos solicitaron nuevos.
Fulle Hen, la empresa encargada, argumentó en respuesta que la Comuna tenía conocimiento de que el equipo era utilizado, ante lo cual, tras una serie de declaraciones, se definió el incumplimiento de contrato por parte de la firma, por lo que fue multada con un millón 590 mil pesos.
Abril no estuvo exento de roces, ya que tras ser desalojada la SSC de las instalaciones del C5, a raíz de la negativa de Rivera Vivanco por ceder el mando de la seguridad municipal, la Comuna procedió con pedirle al Ejecutivo que devolviera los inmuebles de El Portalillo, la sede de la Secretaría Movilidad y Transporte (STM), ubicada en la colonia la Paz, así como un predio que servía de depósito vehicular, a través de la secretaria general, Liza Aceves López.
Tras argumentar que requerían de los espacios para ahorrar al municipio el pago de la renta y trasladar a personal de la Secretaría de Gobernación (Segom), la administración estatal, a través de su consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, señaló que la petición carecía de fundamento legal, ya que Aceves López “no contaba” con las facultades para pedir los inmuebles, por lo que procederían ante la Fiscalía General del Estado (FGE), una denuncia que, hasta el momento, se desconoce si fue presentada.
