A casi un mes de pugna por el control de la seguridad en la capital de Puebla, la edil Claudia Rivera Vivanco refrendó que no cederá ante el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien optó por ya no discutir; mientras, el tema no avanzará hasta que la SCJN reanude labores y resuelva quién tiene razón.
A casi un mes de pugna por el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital, la edil Claudia Rivera Vivanco sigue refrendando que no cederá ante el gobernador Miguel Barbosa Huerta, mientras que él prefirió ya no discutir.
El conflicto tuvo su continuación el pasado 1 de abril, cuando el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Moisés Grajales Monterrosa, requirió que los mandos y operativos municipales se presentaran para una evaluación que determinaría si son altos para sus funciones policiacas.
La relevancia de lo anterior radica en que el mandatario estatal había señalado que su intención de sustituir a la titular de la SSC, María de Lourdes Rosales Martínez, y de tomar el mando de la seguridad capitalina con Carla Morales Aguilar recaía en que había elementos coludidos con la delincuencia, a quienes supuestamente filtraban información.
En respuesta, el 6 de abril, el ayuntamiento emitió un comunicado donde acusó a la administración de Barbosa Huerta de utilizar al Consejo Estatal de Coordinación para “intimidar” al municipio y hacerse con las riendas de la policía local.
En el mismo documento, la Comuna señaló que Rosales Martínez había aprobado sus exámenes de control y de confianza, expedidos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado de Puebla, los cuales incluso se encontraban en el portal de transparencia de la Angelópolis.
Este martes, en entrevista, la secretaria municipal reiteró lo anterior y agregó que “todos mis mandos tienen control de confianza aprobado (…) Nosotros somos mandos que cumplimos con los requisitos de ley para poder ejercer la función. Se nos ha argumentado el tema de la colusión”, señaló.
Barbosa decide no hablar del tema
Al decir que entendía “claramente” la “preocupación” sobre la colusión de mandos, refirió que se trataba de un tema que estuvo presente en todas las administraciones, por tratarse del órgano encargado de la seguridad del municipio.
Poniendo en relieve su trabajo al frente de la SSC, destacó que al inicio de la administración 38 elementos quedaron bajo investigación asuntos internos, de los cuales, 29 fueron sometidos a proceso, además de que 23 agentes fueron dados de baja.
Rosales Martínez comentó que “probablemente” a estos números se refería el gobernador al decir que había corrupción dentro de la dependencia.
En lugar de que el titular del Ejecutivo arremetiera con alguna declaración contra Rivera Vivanco, simplemente señaló este martes en conferencia de prensa que ya no diría “nada” sobre la situación.
“Ya no quiero ni opinar sobre eso, de verdad. Ojalá supiéramos qué se hace desde la autoridad municipal en materia de Covid y en materia de seguridad. Sólo eso te digo”, expresó con fastidio.
En tanto, el conflicto quedará en el limbo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si el gobierno estatal cuenta con facultades para designar a una nueva titular de la SSC, siendo que Barbosa Huerta busca relevar a Rosales Martínez por Carla Morales Aguilar.
No obstante, el máximo tribunal suspendió actividades por la contingencia sanitaria, decidiendo que volverá a trabajar el 19 de abril, aunque podría extender el periodo.
