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Seguridad en la ciudad de Puebla, la pugna entre Barbosa y Rivera

Seguridad en la ciudad de Puebla, la pugna entre Barbosa y Rivera
Seguridad en la ciudad de Puebla, la pugna entre Barbosa y Rivera. Foto: EsImagen

Las riendas de la seguridad en la ciudad de Puebla han sido objeto de un conflicto entre el gobernador MiguelBarbosa Huerta, argumentando la falta de respuesta de la secretaría municipal, y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien defiende la autonomía.

Debido a los altos índices de inseguridad que sacudieron a la entidad, el 29 de enero del año en curso, el jefe del Ejecutivo aseguró que el 50 por ciento de los delitos se cometían en la zona metropolitana, por lo que junto a los alcaldes de Huejotzingo, Coronango, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Amozoc, de las Cholulas y Puebla (Rivera Vivanco), firmaron un convenio donde el gobierno estatal evaluaría el desempeño de las policías locales, incluidos los secretarios.

A partir de una evaluación realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado, (FGE), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y el Centro Nacional de Inteligencia (CN), el mandatario anunció, el 17 de febrero, que cuatro directores municipales serían relevados, uno de ellos el de San Martin Texmelucan, dejando en duda si habría relevo en la capital.

Barbosa Huerta precisó que el principal motivo de las destituciones sería que los mandos estuviesen coludidos con bandas criminales, permitiéndoles operar, además de los resultados en seguridad.

Fue hasta el 11 de marzo cuando anunció que en la Angelópolis, Juan C.Bonilla, Coronango y Huejotzingo habría cambios de titularidad, adelantando que la secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, Lourdes Rosales Martínez, sería sustituida por otra mujer, situación que desató rumores sobre que la directora del Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5), Carla Morales Aguilar, tomaría las riendas.

Fue dos días después cuando el gobernador destapó que, en efecto, ella asumiría el control no como secretaria, sino como delegada de seguridad; al punto, hizo hincapié en que no se trataba de una imposición, sino un mutuo acuerdo con la presidenta municipal, Rivera Vivando, logrado en sus opacas reuniones.

Para acelerar el proceso, ese mismo día, el Cabildo realizó a una sesión extraordinaria donde la edil enlistó, en el noveno asunto general, una supuesta modificación estructural, la cual, era sabido se trataba de la designación de Morales Aguilar; sin embargo, durante el desarrollo de la reunión, la munícipe tuvo que “ausentarse” para atender “temas en materia de salud”, por lo que el asunto no pudo ser abordado.

Rivera Vivanco se opone a la designación

Esa fue la primera acción sospechosa por parte de Rivera Vivanco, la cual no despertó gran incertidumbre pues para la sesión de Cabildo del 18 de marzo quedaría colocada la nueva titular; no obstante, en el desarrollo de la sesión, la edil dio lectura a un comunicado donde, sorpresivamente, rechazó la decisión del gobernador de colocar a Morales Aguilar argumentado una violación a la autonomía municipal, refrendando, con ello, que Rosales Martínez seguiría al mando.

Amparó su decisión en el artículo 115 constitucional, el cual establece que la seguridad de un municipio es competencia del alcalde en turno.

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Para fortalecer lo anterior, en plena contingencia por el Covid-19, la alcaldesa emitió en otro comunicado al día siguiente donde indicó que su “responsabilidad es dar soluciones, no acatar instrucciones de las que no estoy convencida”, señalando al gobernador que colocar a Morales Aguilar sería dar “continuidad a malas prácticas”.

Lo anterior, haciendo referencia a que Morales Aguilar es cercana a Ardelio Vargas Fosado, quien durante un tiempo fue secretario de Seguridad Pública (SSP) de Rafael Moreno Valle, exgobernador caracterizado por ejercer la represión.

Hasta entonces, Barbosa Huerta, en respuesta, había reiterado que su decisión recaía en que durante el desempeño de Rosales Martínez se “filtraba información a grupos delictivos, a lo cual, la edil objetó que “en repetidas ocasiones” le preguntó tanto a él como al fiscal Gilberto Higuera Bernal, si en el historial de la secretaria municipal pesaban antecedentes criminales, a lo que ambos, indicó, contestaron que no.

La tensión incrementó cuando Barbosa Huerta reiteró que él contaba con la facultad de designar al titular de la SSC, adelantando que si ella no aceptaba, entonces emitiría un decreto para asumir la seguridad local.

Edil presenta demanda de controversia al SCJN

El conflicto escaló más allá de las declaraciones cuando, el 22 de marzo, el ayuntamiento presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pidiendo al órgano determinar si el mandatario tiene la facultad de asignar a la titular de Seguridad.

No obstante, dos días después, el órgano le negó momentáneamente a la Comuna la suspensión promovida, por lo que Barbosa Huerta podría designar a Morales Aguilar, esto, mientras el juicio continuaba y dieran el veredicto final, para el cual, ambos gobierno deberán rendir sus argumentos en un periodo de 30 días.

El jefe del Ejecutivo respondió quitando a la policía municipal del Complejo Metropolitano de Seguridad del C5, esgrimiendo que estos no realizaban sus actividades “esenciales”, aunado a que el convenio de colaboración venció en enero del 2017.

Pero esto no evitó que Rivera Vivanco cediera, ya que cuando el mandatario emitió un decreto para asumir el control de la seguridad, ella reiteró que Rosales Martínez no abandonaría su puesto, pues, través de su cuenta de Twitter, pidió a la secretaria que se ajustara a las instrucciones del gobernador, como una medida sutil para no generar desacato.

Al respecto, regidores panistas pidieron que al ayuntamiento y al gobierno estatal frenar sus conflictos, en tanto respaldaron la decisión de la alcaldesa de no permitir “la intromisión del mandatario”.

Un conflicto que no termina

El conflicto continúa, pues este jueves nuevamente el gobernador aseguró que Morales Aguilar será la encargada de seguridad de la capital, agregando la policía municipal no será tomada en cuenta para los siguientes operativos.

Sin embargo, este jueves por la noche, la alcaldesa lanzó un video en el que acusó a Barbosa Huerta de persecución; apareció acompañada de Rosales Martínez; el secretario de Gobernación Municipal (Segom), René Sánchez Galindo, y la secretaria del ayuntamiento, Liza Aceves López. 

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