El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, se defendió sin fundamento contra la Ley de Educación de Puebla, asegurando que la federal establece que debe respetarse el uso de recursos de la universidad, cuando la estatal propone lo mismo.
En sesión virtual del Consejo Universitario (CU), una vez finalizada la votación del último punto de acuerdo, el rector trató de defenderse de las auditorías externas y la regulación de los bienes por parte del gobierno estatal, con el artículo 49 de la Ley de Educación federal, el cual, dicta que las autoridades deben respetar la libertad de las instituciones para “gobernarse a sí mismas, y administrar su patrimonio y recursos”.
Sin embargo, omitió el segundo párrafo, que precisa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal “propondrá las directrices generales para la educación superior y acordará los mecanismos de coordinación pertinentes con las instituciones públicas, incluyendo a aquellas que la ley les otorga autonomía”.
Con este apartado, se precisa que la relación del estado con las escuelas públicas debe ser no solo en materia educativa, sino también en transparentar los recursos públicos destinados, respetando el ejercicio de las escuelas en elegir dónde gastarlos.
No obstante, el rector de la máxima casa de estudios comentó que el gobierno estatal “seguramente continuará” en querer establecer un órgano interno de fiscalización que “atenta contra la autonomía universitaria”, toda vez que trató de desviar la atención sobre sus auditorías, al decir que la administración Miguel Barbosa Huerta prefiere “acrecentar la batalla contra sus enemigos” en lugar de atender la pandemia, lo que le valió el aplauso del Consejo Universitario (CU).
Aunado a esto, calificó de “lamentable” que el Congreso local no haya citado a foros de consulta y recabar la opinión de los afectados con esta reforma para hacer ajustes “necesarios”; ante ello, aseguró que la polémica desatada hizo resaltar artículos en la ley que son “inconstitucionales”, los cuales no quiso detallar, pese a que el titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que las acusaciones contra la ley son falsos en materia jurídica.
Exhortan a FGE acelerar caso del Club Lobos
La nueva ley pide a universidades públicas y privadas a regular las condiciones en que se encuentras sus instalaciones e inmobiliario, mientras que sujeta a las públicas a someterse a auditorías externas, para corroborar el uso de los recursos, situación que ha incomodado a la BUAP, una de las principales opositoras.
Por otra parte, el CU aprobó con 190 votos a favor y uno en contra, emitir un exhorto a la Fiscalía General de Estado (FGE) para que acelere la investigación contra Mario Alberto Mendívil Franco y la empresa de la que es socio, Garden Teas de México, por la venta del equipo Lobos BUAP.
Esto, a raíz de que durante esta semana han circulado presuntas declaraciones de Mendívil Franco en diversos medios, donde presumía de influencias para quedar libre de la imputación que fue presentada el 27 de junio del 2019, cuando la universidad lo denuncio por vender el equipo, cuando él no estaba facultado para disponer, sino solo para administrarlo.
Jesús Ochoa Bilbao, presidente de la Comisión Estatutaria de Legislación, comentó en la sesión que el 13 de diciembre del 2018, se había firmado un convenio donde se establecía un pago mínimo de 90 millones de pesos a la BUAP para ceder los derechos del equipo; no obstante, mencionaron que el acusado los cedió a Garden Tears, para posteriormente venderlos al Club Juárez.