A casi dos años de la desaparición forzada del activista Sergio Rivera Hernández, pueblos de la Sierra Negra opositores al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzanlan exigieron al Poder Judicial de Puebla sentencias contra los tres presuntos responsables.
Lo anterior, este martes a través de un pronunciamiento emitido por comunidades indígenas y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, quienes acusaron que Mario Cortez Aldama, el juez a cargo de los del caso, “ha cometido una y otra vez una serie de violaciones que favorecen a los responsables de esta desaparición (ocurrida en agosto de 2018)”.
También señalaron que este ha actuado con “racismo” e “ignorancia de los derechos que tenemos como pueblos originarios”, por lo cual urgieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, “que tome cartas en el asunto”
“No queremos la ley de nuestra parte. Exigimos el apego a la legalidad y se haga justicia para Sergio Rivera Hernández, que significa hoy, en este momento, la justicia para nuestros pueblos. Anunciamos que no descansaremos hasta encontrarlo”, sostuvieron.
Asimismo, advirtieron que el proyecto minero aún “busca imponerse” por voluntad de “autoridades complacientes” de los gobiernos federal y estatal, así como de Grupo Ferrominero de México y Minera Autlán.
Esto, pese a que, en abril del año pasado, la justicia federal ordenó la cancelación definitiva de la magna obra tras el amparo que interpuso la comunidad indígena de Huitzilatl, por no haber sido consultada antes del inicio de los trabajos.
Cabe recordar que, en mayo de 2019, 14 asociaciones civiles denunciaron que Salvador Sánchez Bolaños, opositor al proyecto hidroeléctrico, sufrió un intento de homicidio en su casa ubicada en el barrio de Atexcal, en la cabecera municipal de San Pablo Zoquitlán, del cual responsabilizaron a personas ligadas a los tres detenidos y vinculados a proceso por la desaparición Rivera Hernández.
