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Privatización del agua en Puebla, ejemplo de corrupción y agravios, alertan

Privatización del agua en Puebla, ejemplo de corrupción y agravios, alertan

Privatización del agua en Puebla, ejemplo de corrupción y agravios, alertan. Foto: Especial / grieta.org

Desde el Senado, los activistas Omar Jiménez Castro y José Luis García Bello señalaron que el caso de la privatización del vital líquido por parte de Agua de Puebla es “claro ejemplo” nacional de la corrupción y violaciones a derechos humanos que conlleva este esquema.

Por ello, conminaron el jueves al Congreso de la Unión a dar pronto trámite a la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, que presentaron hace dos semanas, y acordaron con senadores instalar una mesa de trabajo, en marzo, para abordar la propuesta, cuyo objetivo es frenar “el régimen recaudatorio de la concesionaria” y garantizar el derecho humano al agua.

De acuerdo con Jiménez Castro, quien también es síndico suplente del ayuntamiento de Puebla, para combatir el problema de “corrupción” en los servicios de agua potable y drenaje se plantea la creación de una contraloría para “combatir la corrupción” en la operación del vital líquido en los tres niveles de gobierno.

A nivel estatal, señaló que esta instancia sería la encargada de revisar las finanzas del Sistema Operador de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), cuyo manejo de recursos estatales se han mantenido “opaco” —señaló— desde el año 2013, cuando la concesionaria asumió el control de su red de servicio.

Resaltó también la propuesta del senador Martí Batres Guadarrama, plasmada en la iniciativa, para no permitir el lucro en la gestión de servicios municipales, pues la consideró vital para evitar que funcionarios y empresas se coludan para hacer negocios a expensas de la población, en especial la más vulnerable.

Como ejemplo, mencionó el caso de las plantas tratadoras de agua en la metrópolis poblana, las cuales también quedaron a cargo de puebla y a cuya rehabilitación se ha invertido “millones de pesos” en seis, pero de cuya efectividad no hay pruebas, pero sí estudios que alertan sobre alta contaminación en la zonas del Atoyac donde descargan sus aguas supuestamente tratadas.

En tanto, García Bello destacó el papel de la ciudadanía en la formación de comisiones para realizar auditorías a Concesiones Integrales (cuyo nombre comercial es Agua de Puebla), en contra de las alzas arbitrarias de tarifas, suspensión de servicios desde un adeudo bimestral y presunto desvío de recursos.

Iniciativa busca empoderar a pueblos y ciudadanía

En el tema de derechos humanos, Jiménez Castro subrayó que la iniciativa busca el auténtico empoderamiento de los pueblos indígenas y ciudadanos más vulnerables (como enfermos y personas de la tercera edad) ante los abusos de los sistemas operadores del agua.

Para este fin, se plantea la creación de una defensoría ciudadana, donde la gente pueda acudir a presentar sus casos por agravios o arbitrariedades del operador, lo cual hasta ahora no puede hacer, salvo en las comisiones estatales de derecho humanos, que no están especializadas en el tema.

Recordó que, desde la Asamblea Social del Agua (ASA), también ha documentado cientos de casos de cortes de agua y drenaje –repentinos y con uso de fuerza pública– en la zona metropolitana de Puebla, por parte de la concesionaria.

Como también ha informado este medio, la empresa generalmente procede cobrando a los usuarios adeudos de decenas de miles de pesos, de un mes y otro, por supuestas irregularidades en su toma y gastos de agua.

De esta forma, una familia de cuatro integrantes puede pasar de pagar mil pesos al mes, a deber 25 mil, o una tienda de abarrotes, a tener que cubrir la cuatro por “servicio industrial”.

En muchos casos, los “deudores” son personas en situación vulnerable, como pernas de la tercera edad o que padecen enfermedades crónicas, que además carecen de recursos para entablar una demanda contra la concesionaria.

En consecuencia, esta procede a suspenderles el acceso al vital líquido hasta que salden su cuenta, sin ninguna consideración respecto a grupos vulnerables e incluso violando la ley municipal, que desde 2019 prohíbe romper la carpeta asfáltica para realizar cortes de agua.

Agua de Puebla reconoce más de 45 mil cortes de servicios

Sobre esta situación, Jiménez Castro, quien ha promovido diversos amparos contra dichas prácticas, comentó que, apenas en diciembre de 2019, la empresa reconoció, en respuesta a una solicitud de transparencia, haber realizado más de 45 mil cortes de servicios en al área metropolitana de Puebla desde 2013 a diciembre de 2019.

En este contexto, sostuvo que no basta con exentar del corte al uso doméstico de agua, como plantea una iniciativa congelada desde el año pasado en el Congreso poblano, pues la empresa siempre tendrá la última palabra para decir que aplica para esta restricción, sino que es preciso prohibir de plano esta práctica, en concordancia con el artículo cuarto de la Constitución federal.

En el evento realizado en el senado, también sobresalieron las participaciones de los senadores morenistas Alejandro Armenta Mier, de Puebla, quien manifestó su respaldo para que la iniciativa camine en el Cámara Alta, y Gloría Sánchez Hernández, quien aseguró el apoyo de Morena en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la cual es secretaria.

Sobre Luis Alberto Palacios @amanic86

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