Desde octubre de 2019, la empresa Agua de Puebla cortó el servicio del vital líquido a la familia de Susana Hernández Corte, en la colonia Xonaca de Puebla capital, alegando un supuesto adeudo que “no acreditó”, y pese a que sus integrantes padecen graves problemas de salud.
De manera pública, Hernández refirió que cinco de sus deudos –uno de ellos es adulto mayor— están bajos diversos tratamientos contra enfermedades crónico-degenerativas, por lo que también precisan de cuidados en casa y, en consecuencia, de un uso mayor de agua.
No obstante, la concesionaria sostiene que son deudores y desde hace más de cinco meses “nos niega” el servicio de agua potable, pese a que está garantizado en la Constitución federal y tratados internacionales firmados por México, como una obligación del Estado hacia los ciudadanos.
En entrevista, Omar Jiménez Castro, síndico suplente del ayuntamiento de Puebla, resaltó que este caso evidencia cómo la concesionaria pone en riesgo la vida de las personas en estado de vulnerabilidad, por padecimientos de salud, y violenta el marco constitucional.
Recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reiterado que el derecho humano al agua implica no sólo el servicio, sino también prestaciones como el acceso a una cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud.
En este sentido, subrayó que, según la OMS, el suministro mínimo por persona al día debe ser de 100 litros por día, pero en personas con enfermedades degenerativas –como cáncer, diabetes y SIDA–
Por lo anterior, Jiménez Castro indicó que analiza interponer un amparo para la empresa reconecte el servicio y refirió que ya hay una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.
