El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, guardó silencio sobre la iniciativa del Congreso de instalar un órgano de control en la universidad para vigilar el uso de recursos, al igual que se negó a contestar si ya pagó la multa de 12 mil 322 pesos que le impuso la ASE.
En entrevista, al concluir la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, fue cuestionado sobre si liquidó la cantidad, equivalente a 100 días de salario mínimo, que el organismo fijó por negarse a entregar documentos sobre las cuentas de la institución, ante lo cual, visiblemente molesto, desvió la mirada.
En cambio, respondió de manera evasiva, que su departamento jurídico analizará la instalación del órgano de control, y que la determinación que se tome será adoptada por el Consejo Universitario, amagando con que la comunidad expresará su opinión en su momento.
Ha sido a través del cuerpo jurídico como la universidad ha manifestado su oposición ante las revisiones y a las acciones del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, como en el caso del reemplacamiento.
Este miércoles, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, se pronunció a favor de la propuesta que del mandatario sobre crear dicho órgano.
Esto, ya que Esparza Ortiz se negó a trasparentar información sobre el manejo de los recursos de la BUAP a la Auditoría Superior del Estado (ASE), razón por la que fue acreedor de la multa, justificándose en que solo su homóloga federal puede realizar dicha acción.
Entre las opacidades, destacan las quejas de los jubilados del Suntuap, quienes denunciaron en enero que desde el 2015 la universidad solo les ha dado la mitad de su aumento salarial, en tanto acusaron que el monto para las pensiones ha sido saqueado, una práctica que, mencionaron, inició con los anteriores rectores.
