La BUAP “amenazó” a Gerardo Ramírez Avendaño, exvigilante de la DASU despedido en diciembre de 2019, con negar el aumento a trabajadores y no reinstalarlo si no desiste su demanda contra el Sitbuap.
De acuerdo con empleados de la institución entrevistados por Ángulo 7, quienes prefirieron el anonimato, las presiones proceden de Caritino Bravo Tlacatelpa, abogado de la institución, quien previamente ha sido señalado por “acoso laboral”.
Refirieron que el litigante pidió a Ramírez Avendaño reunirse con él en privado el pasado 16 de enero, para tratar de negociar la demanda que él y otros trabajadores levantaron contra el Sitbuap por haber amañado ilegalmente las elección del 2016 y 2019.
Acusaron que, en la reunión, el abogado ofreció reinstalarlo si desistía de la demanda, pero, ante la negativa, cambió el tono y lo acusó de “andar alborotando a la universidad”.
En este sentido, también amenazó que, si no cedía, entonces los trabajadores no recibirían el aumento salarial correspondiente al 2020.
Sin embargo, señalaron que esto sería improcedente ya que los recursos destinados para el incremento ya fueron etiquetados, por lo que forzosamente deben cumplir con ello.
El pasado 5 de diciembre, a Ramírez Avendaño ya no le permitieron ingresar al edificio de Contraloría General, que resguardaba, pues un grupo de abogados le impidieron firmar su hora de entrada, asegurando “que nada tenía que hacer ahí”.
El 29 de enero, en una reunión ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Bravo Tlacatelpa le negó tajantemente la reinstalación a Ramírez Avendaño por haberse negado a negociar, por lo que el afectado procederá demandando.
Faltas administrativas, aparato de represión
Indicaron que no se trata de un caso aislado, pues tan sólo el año pasado alrededor de 200 trabajadores también fueron “reprimidos a través de actas administrativas”.
Comentaron que en ellas quedan asentadas las quejas que hay sobre los trabajadores, por lo que funcionan como un paso previo al despido.
El problema con las actas –acusaron- -es que cualquier excusa administrativa o de comportamiento puede servir como queja, lo que permite que el procedimiento sea utilizado por la BUAP como aparato de represión.
Agregaron que también los intimidan con amenazas de cambiarlos de horario y lugar de trabajo.
“Para aplacarte, primero te tratan de cambiar de lugar donde trabajas. Si eso no produce ningún efecto, entonces te mandan citatorios para que te presentes con la abogada general”, comentaron.