El juicio de nulidad en contra del comité ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores no Académicos de la BUAP (Sitbuap) continúa, pues Francisco Palestino García se amparó para no declarar ilegal su periodo de 2016-2019 ni afectar al actual líder Hugo Hernández García.
Luego de que la Junta Especial Número Tres de la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió, en septiembre de 2019, que en el proceso realizado en 2016, el sindicato omitió los procedimientos necesarios para llevar a cabo la votación, por lo que Palestino García fue desconocido como dirigente, el 10 de octubre del mismo año, el líder interpuso un amparo directo ante el Primer Tribunal Colegiado.
Sin embargo, dicha instancia se declaró incompetente para conocer el asunto, por lo que ordenó remitir el caso al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, que a su vez lo turnó al Juzgado Quinto de Distrito, mismo que le dio entrada.
El 9 de diciembre de 2019, los trabajadores que están en contra de Palestino García solicitaron el sobreseimiento del amparo del quejoso, por falta de personalidad del comité ejecutivo 2016-2019, pues concluyó su periodo el 31 de octubre del año pasado.
Van por recurso de revisión contra amparo
El 24 del mismo mes, el Juzgado Quinto de Distrito notificó a Palestino García que el amparo era concedido sólo para que la Junta Especial Número Tres dicte un nuevo laudo, lo cual, indicaron los inconformes, ya impugnaron con un recurso de revisión.
De acuerdo con los trabajadores, en caso de que la justicia les dé la razón, deberían de anularse también los resultados que pusieron, para el periodo 2019-2022, a Hugo Hernández García como secretario del Sitbuap, quien al igual que Palestino García, indicaron, es cobijado por el rector Alfonso Esparza Ortiz.
Acusaron que las irregularidades en la elección fueron más cínicas que en 2016, pues el 15 de octubre fue elegido sin que se convocara a la base trabajadora, al igual que tampoco hubo quórum, pues solo asistieron 30 integrantes.
Aseguraron que Hernández García se ha negado a transparentar a los trabajadores la situación y que sigue cobrando cuotas y firmando documentos sin que estos tengan validez por el fallo de la Junta.
Empleados reciben amenazas
Comentaron que una vez iniciada la demanda, recibieron amenazas por parte de la institución, que van desde quitarles el bono de puntualidad mensual o cambiarlos de turno y área.
“La universidad opera con represalias a través de sus representantes, amenazando a los trabajadores”, denunciaron.
Así lo hicieron con su representante legal, Gerardo Ramírez Aveldaño, quién fue despedido injustificadamente luego de 22 años de servicio, y a quien continúan negociando su reinstalación si desisten a la demanda.