En el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 13 periodistas, 62.5 por ciento más que la administración pasada, además de que suman tres ataques intimidatorios, entre estos a Salvador Sánchez Bolaños, de Radio Tlacuache en Puebla.
Así lo indicó el colectivo Reporteras en Guardia, que este lunes ofreció una rueda de prensa para acusar que con la llegada de “La cuarta transformación”, eslogan del actual gobierno, siguen matando a comunicadores.
Es una cifra alarmante comparada con los ocho homicidios y una desaparición ocurridos en el periodo previo, de diciembre de 2017 a mayo de 2018, en el último año de Enrique Peña Nieto, indicaron.
Agregaron que, cinco de las 13 víctimas son indígenas, pero cuatro no han sido reconocidas como periodistas por el gabinete de López Obrador, lo que representa una violación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012.
Advirtieron que el ejercicio del periodismo en el ámbito municipal es el más peligroso, donde se concentraron 12 casos.
Los 13 homicidios se inscriben en “la escalada de asesinatos y desapariciones” de periodistas heredada de los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, ya que, según su registro, el primero dejó un saldo de 66 víctimas (56 hombres y 10 mujeres), y el segundo 77 (63 hombres y 14 mujeres), entre ellas las jóvenes triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez.
Amenazas y un secuestro
No sólo eso, sino que resaltaron que en días recientes ocurrieron tres ataques: el 18 de mayo, el comunicador nahua Sánchez Bolaños, de Radio Tlacuache, integrante del movimiento opositor al Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, que se planea establecer en la Sierra Negra de Puebla, sufrió un intento de asesinato en el municipio de Zoquitlán, donde según el proyecto se planea talar 77 hectáreas de zona boscosa.
El 22, la periodista Alejandra Jiménez García, de la radiodifusora La Z de Zacapu, denunció ante la fiscalía michoacana amenazas de muerte tras informar sobre tala ilegal e incendios provocados con fines de uso de cambio de suelo en el municipio de Zacapu.
Un día después, se dio a conocer el secuestro de la reportera Ana de León, de la revista México Industry, en un tramo de la carretera Querétaro-Ciudad de México.
Por ello, fustigaron que si este gobierno no realiza los cambios estructurales necesarios para que “cese la espiral” de violencia, continuarán los crímenes contra las y los periodistas del país; “Basta de que el presidente y sus funcionarios desdeñen nuestra situación de riesgo”.