Aunque la empresa Almaden Minerals insistió en que no hay presencia de indígenas en el área de influencia del proyecto para extraer oro y plata, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) confirmó que sí, pues hay nueve de las 21 localidades identificadas en la zona.
Así lo dio a conocer Fundar, que señaló que el 11 de octubre, el INPI emitió el oficio CGPE/2019/OF/0477 en el que informó al centro de análisis y al Consejo Tiyat Tlali que identificó 71 localidades con población en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
Del total, nueve están “precisamente” en área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca con el que la firma, mediante la subsidiaria Minera Gorrión, pretende “explotar yacimiento de oro y plata bajo la técnica de cielo abierto”.
Afirmó que, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en el municipio de Ixtacamaxtitlán, las comunidades son Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco), así como mencionó que un mayor número de localidades podrían ser impactadas por las condiciones del Río Apulco que se encuentra cerca del área del proyecto.
El oficio del INPI fue en respuesta a la solicitud que hicieron las organizaciones, en su calidad de representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi en el juicio de amparo contra las concesiones mineras sobre las que Almaden Minerals pretende realizar su proyecto minero, para aclarar el contenido del Oficio CGPE/2018/OF/0802 emitido el 28 de septiembre de 2018 por Sergio Alberto Ortiz Rosales, coordinador de Planeación y Evaluación de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Exigen cancelación de concesiones
En dicho oficio, Ortiz Rosales aseguraba que, tras efectuar un análisis de la documentación del proyecto minero, los datos indicaban “la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”, valoración realizada por la empresa.
Esta “preocupante afirmación” fue difundida públicamente por parte de la filial Minera Gorrión, a pesar de que el catálogo de la CDI establece que hay comunidades indígenas en el municipio y en el área de influencia directa del proyecto.
Por ello, el INPI señala que “derivado de una nueva revisión de la información estadística disponible en esta coordinación se identificó población indígena o náhuatles tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto”, y adjunta una nota técnica en la que sustenta y desarrolla su afirmación.
Al reconocer la labor del INPI en esta nueva revisión para aclarar la información, agregaron que ello constituye una prueba más del incumplimiento del Estado mexicano a sus obligaciones en materia derechos humanos de pueblos indígenas -de lo cual la empresa se ha beneficiado- como el que, desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas.
Por ello, las comunidades pidieron la cancelación directa e inmediata de las concesiones mineras.
