La Secretaría de la Contraloría (ahora de la Función Pública) estatal sancionó a tres médicos generales del Hospital Integral Vicente Guerrero por supuesto abuso de autoridad, por lo que fueron inhabilitados, de manera temporal, de uno a dos años con seis meses.
Esto de acuerdo con el listado de solución a procesos de juicio a servidores públicos sancionados, publicado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), correspondiente al tercer trimestre de 2019.
Marlon Barbosa López, médico general “A” adscrito al hospital integral Vicente Guerrero fue acusado según el artículo 50, fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Puebla, de probable abuso o ejercicio indebido de su cargo, por lo que fue sancionado con la inhabilitación de un año del ejercicio empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública.
Por su parte, las médico generales “A” adscritas al mismo hospital Edith Evelia Eisenring Grados y Rocío García Domínguez fueron acusadas de lo mismo, con la diferencia de una inhabilitación temporal de dos años y seis meses del ejercicio de la administración pública.
No obstante, es de señalar que dicha ley fue derogada en diciembre de 2017.
Exsecretario de Finanzas, el otro marinista
La Contraloría también revocó dos resoluciones: uno de Gerardo María Pérez Salazar, cuyo proceso se desconoce, pero quien fue secretario de Finanzas y Administración en el sexenio de Mario Marín Torres que su vez gobernó de 2005 a 2011.
El funcionario fue sancionado con una inhabilitación de un año por negarse a dar cumplimiento a una solicitud de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) para entregar información sobre el convenio que signó la administración marinista con Coofia, empresa que defraudó a poblanos.
Otro marinista que fue absuelto fue Efraín Ruiz Meneses, exsubsecretario de Obras Públicas, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito durante el morenovallismo y que fue inhabilitado por más de 12 años como funcionario con una sanción por más de 12 millones de pesos.
Asimismo, la Contraloría confirmó la sanción de la funcionaria pública Graciela Saavedra Vázquez, directora del Registro del estado de Puebla en 2014, con una inhabilitación de seis meses de su cargo o función pública, así como la absolución del anestesiólogo Víctor Javier Lozano Díaz, sin más especificaciones.
Cabe mencionar que, con la llegada de Miguel Barbosa Huerta, el 1 de agosto de 2019, dicha secretaría pasó a ser de la Función Pública (SFP).
